Mariana Boy, titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, rechazó las acusaciones sobre la privatización de la llamada “playa Alito”, que es señalada como propiedad del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.
“Es falso que yo haya privatizado playa alguna”, aseguró a Boy, quien dirigió la Dirección General de Zona Federal Marítimo-Terrestre y Ambientes Costeros de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de 2016 a 2018.
Esta aclaración, difundida a través de un video publicado en redes sociales, surge a raíz de informaciones difundidas que cuestionan la legalidad de la concesión otorgada al dirigente priista sobre un terreno ubicado cerca de la carretera federal Champotón-Ciudad del Carmen, en Campeche.
Boy puntualizó que todas las playas en México son propiedad de la nación y bienes de uso común, por lo que no pueden ser privatizadas.
Explicó que cualquier persona puede solicitar a la Semarnat una concesión para el uso de una zona federal marítimo-terrestre, como una playa, pero estas concesiones no otorgan derechos de propiedad, únicamente permisos para llevar a cabo actividades recreativas o lucrativas.
La funcionaria detalló que la oficina que encabezó sólo administra las zonas de playas y terrenos ganados al mar, sin involucrarse con terrenos privados. Mencionó que Alejandro Moreno solicitó una concesión para una playa el 5 de noviembre de 2014, y “cumplió con todos los requisitos del trámite”, por lo que se le otorgó la concesión como a cualquier otra persona que hubiera completado el proceso de manera adecuada.
La concesión otorgada a Alejandro Moreno, precisó Boy, permite exclusivamente “actividades de esparcimiento, pero no le da derechos de propiedad”.
Además, recalcó que el dirigente priista está obligado a garantizar el libre tránsito por la playa concesionada a cualquier persona. “Esta concesión no tiene nada que ver con los terrenos privados colindantes a la playa, ni con quienes sean sus dueños“, subrayó.
Precisó que cualquier afirmación que sugiera algún acto de corrupción con esta concesión es falsa.
“Cualquier información que apunte que hubo o qué ha habido algún tipo de privatización de playas que sugiera un acto de corrupción, tráfico de influencias, beneficio indebido, o cualquier otra conducta ilegal o inmoral de mi parte, no solo miente y difunde información falsa, sino que, además, también difama”, concluyó.
