La legalización de la producción, venta y consumo de la marihuana con fines recreativos avanza lentamente y a tropezones en México en medio de sentencias históricas de la Suprema Corte de Justicia, incumplimientos del Congreso, resistencias del presidente Andrés Manuel López Obrador y reclamos de los activistas para ejercer sus derechos de manera plena.
A pesar de que el lunes la Corte anuló los artículos de la Ley General de Salud que prohíben el consumo del cannabis, el camino hacia la regulación del mercado todavía es largo porque el fallo nada dice sobre importación, comercialización, suministro a terceros y distribución de la planta, mecanismos que debe diseñar el Congreso a través de una nueva legislación.
Además, uno de los aspectos más importantes que todavía está pendiente es la modificación del Código Penal que exigen los activistas para que la posesión y el consumo de cannabis dejen de estar penalizados, ya que solo de esta forma se les dejará de tratar como a delincuentes.
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La decisión de la Corte, que aprobó una Declaratoria General de Inconstitucionalidad sobre la prohibición de consumir marihuana, conmina a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) a otorgar permisos a personas mayores de edad para adquirir semillas, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar y consumir la planta. Los fines son únicamente para el autoconsumo.
El máximo tribunal especificó que el consumo no se podrá realizar frente a menores de edad ni en lugares públicos ni de forma que altere a terceros que no hayan dado su autorización. Tampoco se deberá conducir vehículos después de usar marihuana ni llevar a cabo actividades que pongan en riesgo a otros.
Gracias a este fallo, los usuarios ya no tendrán que solicitar amparos para ejercer su derecho a cultivar y consumir cannabis con fines personales, lúdicos o recreativos. Es decir, por decisión propia. Es suficiente para convocar a festejos.
¿Consulta?
Un día después del fallo de la Corte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que, cuando comenzó su mandato, en diciembre de 2018, discutió el tema de la legalización del cannabis junto con el gabinete de Seguridad y no hubo consenso sobre lo que debía hacerse.
“Esto es un asunto que debe de informarse bien. Nosotros al llegar al Gobierno ya encontramos en marcha este proceso para legalizar o regularizar lo del consumo de la marihuana. Hay dos visiones. Eso no debe extrañarnos porque el Gobierno representa al pueblo y tenemos que recoger las opiniones de toda la gente”, dijo al negarse a reconocer públicamente si él, en lo particular, está de acuerdo o no con este cambio sustancial en la política de drogas.
Agregó que la decisión que se tomó en ese momento fue esperar a que la Corte decidiera, por lo que ahora lo que corresponde es respetar, analizar y dar seguimiento al fallo para evaluar qué efectos tiene en la práctica.
“Si vemos que, en vez de ayudar, perjudica, plantearíamos un cambio, de acuerdo a mis facultades presentaría una iniciativa de ley, pero creo que en poco tiempo vamos a tener resultados”, dijo al considerar que lo mejor en estos casos es organizar debates, escuchar todos los puntos de vista y al final aplicar una consulta pública para que el pueblo sea el que decida.
El presidente insistió en que, antes de tomar una postura, esperará a ver los resultados. “Si vemos que no ayuda, que no es bueno para el país para enfrentar el grave problema de la drogadicción, que no es bueno para detener la violencia, entonces actuaríamos. Si, como algunos sostienen, es algo que no perjudica y sí puede evitar que haya violencia, pues vamos a ver, tenemos tiempo”, sostuvo.
Retraso interminable
El debate sobre la legalización de la marihuana se aceleró en México a partir de 2016, cuando el Congreso aprobó su uso con fines estrictamente medicinales.
En noviembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia emitió una primera sentencia trascendental al fallar en favor de consumidores que habían interpuesto un amparo para poder usar cannabis con fines personales.
“El derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite que las personas mayores de edad decidan –sin interferencia alguna– qué tipo de actividades lúdicas desean realizar (…) ese derecho no es absoluto y podría regularse el consumo de ciertas sustancias, pero las afectaciones que provoca la marihuana no justifican una prohibición absoluta”, afirmó el máximo órgano de justicia en una sentencia que sentó jurisprudencia. Es decir, la volvió obligatoria.
La Corte validó así el cultivo y el consumo, y le otorgó al Poder Legislativo un plazo que vencía el 31 de octubre de 2019 para reformar la Ley General de Salud que, en su capítulo sobre sustancias psicoactivas, todavía prohíbe todos los usos del cannabis.
Pero la fecha no se cumplió, por lo que se estableció una segunda prórroga que vencía el 30 de abril del 2020 y que se pospuso de nuevo al 30 de abril de 2021, debido a la pandemia de coronavirus.
Presionado por los tiempos, el Senado aprobó la Ley Federal para la Regulación del Cannabis en noviembre pasado y la turnó para su debate en la Cámara de Diputados, que el 10 de marzo la ratificó con 316 votos a favor y 129 en contra.
Los activistas festejaron. Parecía el fin del prohibicionismo de la marihuana y de los prejuicios que durante más de un siglo han demonizado a una planta, pero como la iniciativa tuvo múltiples modificaciones en su paso por Diputados, debía volver a la cámara de origen, es decir, al Senado, para que a su vez la avalara o rechazara.
Y en el Senado quedó congelada. En un desaseado proceso, la Cámara Alta solamente dejó que se cumpliera el plazo del 30 de abril y ya ni siquiera le pidió una nueva prórroga a la Corte, órgano que el lunes respondió ratificando la declaración de inconstitucionalidad que ya había emitido en 2018.
Ahora, la discusión de la Ley partirá otra vez de cero en septiembre, cuando se instale la nueva Legislatura con los diputados que fueron elegidos en las pasadas elecciones del 6 de junio.
