Mañana domingo se celebrará una consulta ciudadana para decidir si los expresidentes de México y otros altos funcionarios deben ser sometidos a juicio, pero la mayoría de los ciudadanos se muestran indiferentes y las encuestas arrojan que habrá un gran abstencionismo.
Los analistas políticos han cuestionado duramente este ejercicio de democracia participativa por considerar que es “inútil” debido a que “la justicia no puede ser objeto” de un referéndum, sino simplemente “se aplica o no”.
Para que la consulta sea vinculante, es decir, obligatoria y con efectos legales, se necesita que participe el 40% del padrón (que equivale a 38 millones de votos), pero los expertos estiman que, con 57 mil mesas receptoras en todo el país y escasa publicidad por falta de presupuesto, no se reunirá la cifra “mágica”.
De acuerdo con una encuesta del diario El Financiero, el 77% de los mexicanos votará “Sí” en la consulta popular, pero solo el 31% dijo estar muy interesado en salir a las urnas.
Desde que era jefe de Gobierno de la capital, el presidente Andrés López Obrador ha promovido consultas ciudadanas para determinar la construcción de grandes obras de infraestructura y tomar decisiones en su administración como si debía de seguir construyéndose un aeropuerto en la Ciudad de México que al final fue cancelado.
Otro problema del referéndum, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), es que la pregunta, que por ley fue reescrita por la Suprema Corte, cambió totalmente el sentido original de si debía de juzgarse a expresidentes por sus actos ilegales.
En cambio, el órgano judicial redactó una especie de “galimatías” o “trabalenguas”, como lo señalan algunos analistas, trastocando su sentido original.
La pregunta de la consulta “no solo requiere que hagamos una pausa para tomar aire y seguir leyendo, sino que requiere unas dos o tres lecturas para comprender lo que dice”, señala Maité Azuela, directora de Comunicación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y autora del libro “Cumbre Ciudadana”.
Azuela, maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Concordia, Canadá y exfuncionaria gubernamental, señaló que “es mucho lo que perdemos como mexicanos con este ejercicio simulatorio y confuso”.
“Fueron años de batalla (.) entre quienes empujamos una reforma política que contuviera, en el espectro de las opciones de participación ciudadana, mecanismos directos de decisión sobre temas cruciales para el país”, indicó.
En su opinión, las consultas a la población “pueden fortalecer la democracia ampliando la participación ciudadana en temas relevantes, pero particularmente ésta no fortalece más que el engaño”.
“En un país donde no hay debido proceso y el sistema de justicia está lleno de excesos, este tipo de herramientas pueden ser usadas como venganza”, sostuvo.
Otra de las críticas que se formulan a la consulta es su costo excesivo, que asciende a 528 millones de pesos (unos 26,5 millones de dólares).
“Se trata de propaganda más que verdadera preocupación por los derechos de las víctimas y la sociedad, y la forma en la que se ha presentado en los medios de comunicación es insultantemente mentirosa, diseñada para que la respuesta sea abrumadoramente ‘Sí'”, señaló Azuela.
Organizaciones no gubernamentales consideran que después de la consulta sería más pertinente establecer “Comisiones de la Verdad”, para esclarecer grandes hechos de corrupción o actos escandalosos del pasado.
A través del movimiento “La Verdad Tras la Consulta”, las ONGs consideran que esto permitiría “escuchar a las víctimas, reconocer los daños que se les han generado y ofrecer mecanismos de acceso a la verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición”.
“Las víctimas merecen justicia y los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos sanciones”, indicaron las organizaciones.
El oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) prometió que impulsará la creación de una comisión de la verdad sobre los crímenes del pasado reciente.
