Ante la violencia crónica que padece México, en los últimos cuatro años, la seguridad pública se ha militarizado aceleradamente y se han reducido los fondos destinados a las policías locales, sin que esto haya disminuido la violencia, ni la incidencia delictiva.
La organización Causa en Común registró un incremento de 7% en el delito de secuestro de enero a diciembre de 2023; la violencia familiar aumentó 5% en el mismo periodo y el narcomenudeo 4% de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Es decir, de manera oficial se registraron denuncias de 727 víctimas de secuestro y los estados con mayor incidencia son Chihuahua, Morelos y Sonora; 284 mil 140 casos de violencia familiar y 86 mil 386 casos de narcomenudeo; seguidos por 10 mil 917 víctimas de extorsión; 29 mil 675 víctimas de homicidio doloso y 3 mil 429 mujeres asesinadas.
Este estudio determinó que las cinco entidades que concentran mayor número de víctimas de homicidio doloso son: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua y Jalisco.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas de enero a agosto de 2023 se registraron 7 mil 847 personas desaparecidas y no localizadas y la mayor incidencia se concentró en el Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Zacatecas y Nuevo León.
Los delitos con mayor cifra negra son la extorsión (97.4%), el fraude (96.5%), el robo parcial de vehículo (94.2%), el robo o asalto en calle o transporte público (93.4%), el robo en casa habitación (89%) y el secuestro (86.4%).
El informe analiza (VER INFORME COMPLETO AQUÍ) las cifras de delitos y víctimas registradas en carpetas de investigación de las procuradurías y fiscalías estatales, publicadas por el SESNSP, correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2023. Se consideran los registros de “homicidio doloso”, “feminicidio”, “secuestro”, “trata de personas”, “extorsión”, “violencia familiar” y “narcomenudeo”.
La incidencia delictiva a la que se refieren estos datos refleja la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas.
