La crisis de seguridad y gobernabilidad que atraviesa Michoacán no muestra señales de mejoría. Datos recientes y análisis especializados revelan un escenario marcado por el debilitamiento institucional, insuficiencia presupuestal, aumento de delitos de alto impacto y expansión de estructuras criminales que desafían abiertamente al Estado. De mantenerse la actual inercia, advierten especialistas, las posibilidades de revertir la crisis son prácticamente nulas.
Instituciones rebasadas y sin recursos
El Informe de transparencia sobre el desarrollo de las instituciones de seguridad pública, penitenciarias y de procuración de justicia 2025, elaborado por Causa en Común, exhibe un panorama crítico. En una escala de 0 (mejor) a -100 (peor), la Policía Estatal obtuvo una calificación de -46. El diagnóstico señala que no cuenta con un sistema profesional de carrera, carece de diagnósticos de capacitación, no tiene mecanismos efectivos de control interno ni protocolos actualizados para el uso de la fuerza. Además, reportó sólo tres casos de uso letal de la fuerza durante 2024, una cifra que se considera abiertamente inverosímil ante la situación de violencia que vive la entidad.
La Fiscalía General del Estado tampoco escapa al deterioro. Con -22 puntos, el informe destaca la falta de autonomía y la ausencia de procesos de promoción. El sistema penitenciario resultó ser el más rezagado, con -79 puntos: no tiene protocolos operativos, carece de un registro confiable de personal y ninguno de sus centros cuenta con certificaciones internacionales.
A ello se suma un problema estructural de financiamiento. Para 2025, Michoacán recibió apenas 279 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), un monto considerado simbólico para las dimensiones de la crisis. Se desconoce el presupuesto destinado para 2026, así como los recursos que respaldarán el llamado “Plan Michoacán”.
Un plan que prioriza la militarización y omite el fortalecimiento institucional
El anuncio del “Plan Michoacán” generó expectativas, pero su contenido ha despertado cuestionamientos. Aunque se contempla un incremento de fuerzas federales, especialistas advierten que la militarización no sustituye la necesidad urgente de reconstruir instituciones civiles de seguridad, justicia y sistema penitenciario.
En la presentación del plan, la palabra “policía” apareció apenas una vez, y no se mencionaron programas específicos para profesionalizar cuerpos policiales, fortalecer la fiscalía o recuperar el control de los centros penitenciarios. Tampoco se presentaron objetivos verificables, indicadores de avance ni plazos claros. Paralelamente, continúan sin atenderse las redes político-criminales que influyen en diversas regiones del estado.
Violencia en cifras: homicidios, desapariciones y delitos de alto impacto
Entre enero y octubre de 2025, Michoacán se ubicó entre las diez entidades con mayor tasa de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes. Se registraron 1,132 víctimas de asesinato, una reducción de 12% respecto a 2024; sin embargo, la cifra de personas desaparecidas aumentó 14%, con 787 casos.
El estado también reportó 38 secuestros y 1,022 delitos clasificados como “otros delitos contra la libertad”. En materia de robos violentos, ocupó el tercer lugar nacional en ataques a transportistas (264 casos) y el quinto en robos violentos de vehículo (1,695). La Fiscalía estatal registró 239 extorsiones, pero organizaciones civiles y medios locales sostienen que la incidencia real es mucho mayor. La cifra negra de delitos en Michoacán ronda el 94%.
Atrocidades y señal de ingobernabilidad
Entre enero y noviembre de 2025, Causa en Común documentó 323 atrocidades en el estado, incluyendo 69 asesinatos con tortura, 34 mutilaciones, 19 fosas clandestinas, 18 masacres y 29 asesinatos de policías. Además, grupos criminales han empleado explosivos y drones armados, y varias comunidades han sufrido desplazamientos forzados.
Los asesinatos de los alcaldes de Tacámbaro, Tepalcatepec y Uruapan, del síndico de Penjamillo y del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán evidencian la profunda ingobernabilidad que afecta a la entidad.
Sin reconstrucción institucional ni estrategia integral, no habrá salida
De acuerdo con Causa en Común, la situación de Michoacán no mejorará sin un proyecto de reconstrucción institucional, sin definiciones claras frente a los principales grupos criminales y sus vínculos políticos, y sin los presupuestos necesarios para emprender estas tareas. En ausencia de estos elementos, la crisis en la entidad podría prolongarse indefinidamente.
