El Gobierno federal encendió las alarmas en el sector de la comunicación tras presentar los nuevos Lineamientos sobre los Derechos de las Audiencias, una serie de disposiciones normativas que la industria, legisladores de oposición y organizaciones civiles catalogan como un freno a la libertad de expresión.
La propuesta, dada a conocer por la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, forma parte de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Entre los puntos medulares, la regulación exige a concesionarios de radio y televisión:
- Distinguir formalmente entre información, opinión y publicidad.
- Evitar la difusión de datos descontextualizados, imprecisos o hechos históricos presentados como actuales.
- Implementar un código de ética y nombrar a un Defensor de las Audiencias.
El cumplimiento de estas medidas quedaría bajo la supervisión de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), órgano capacitado para emitir sanciones económicas en caso de inobservancia.
La postura oficial y el alcance de las medidas
Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el inicio de un proceso de consulta pública que concluirá el próximo 21 de agosto, mediante el cual se busca afinar la versión definitiva del documento.
“Se abre la consulta pública para que se pueda participar y se pueda llegar a los lineamientos de manera definitiva, que tienen que ver con el derecho a la información”, puntualizó la mandataria.
Ante las inquietudes sobre la extensión de estos controles a otros formatos, Sheinbaum precisó que la prensa escrita no forma parte de este paquete normativo y que la inclusión de plataformas digitales o redes sociales se mantiene únicamente como tema de debate público.
Reacciones: entre el riesgo normativo y la censura
El anuncio generó un rechazo inmediato por parte de cámaras empresariales y especialistas en derechos humanos, quienes señalan la ambigüedad de los criterios sancionatorios.
- Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT): Advirtió en un comunicado sobre el riesgo de incurrir en un retroceso democrático. El organismo empresarial subrayó que existen puntos que deben precisarse técnicamente y criticó el esquema punitivo al considerar que se prevén sanciones fuera del marco legal.
- Artículo 19: Leopoldo Maldonado, director de la organización, sostuvo en entrevista con Radio Fórmula que la facultad de validar la veracidad informativa no corresponde a las instituciones del Estado. “Los derechos de las audiencias no son para castigar ni perseguir. El Estado no puede erigirse en un parámetro de veracidad ni defensa moral”, aseveró, añadiendo que legislar sobre plataformas digitales exige un consenso global complejo y no decisiones precipitadas.
- Oposición parlamentaria: El senador panista Marko Cortés calificó la medida como un avance hacia la concentración de poder y la eliminación de contrapesos en el ecosistema de medios.
El proceso normativo continuará en debate durante las semanas previas al cierre de la consulta pública, en un entorno marcado por la exigencia de certidumbre jurídica para el trabajo periodístico y la operación de las frecuencias de radiodifusión en el país.
