La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que ningún país ha tenido resultados satisfactorios con la implementación de una reforma judicial como la aprobada en el Congreso.
“Ningún país ha implementado una reforma judicial de este tipo con resultados satisfactorios. Las consecuencias serán permanentes en una sociedad que demanda una justicia más equitativa y eficiente”, afirmó en un comunicado el organismo dirigido por José Medina Mora Icaza.
Sostuvo que lejos de mejorar y asegurar la independencia del Poder Judicial, la reforma de presidente López Obrador lo coloca en una situación de extrema vulnerabilidad frente a intereses políticos y económicos.
Agregó que la incertidumbre generada por la reforma judicial ya es evidente en empresas nacionales e internacionales, que han manifestado su preocupación por el riesgo de una politización en la selección de jueces, lo que podría debilitar el Estado de derecho.
Según la Coparmex, la reforma judicial afectaría proyectos clave para la economía y el bienestar de los mexicanos.
Indicó que cualquier modificación al sistema de impartición de justicia debe realizarse con plena conciencia de la división de poderes, de los efectos económicos y de los compromisos internacionales asumidos por México.
Afirmó que México ha demostrado madurez política al encontrar coincidencias, pero ahora enfrenta una realidad de imposiciones.
Dijo que la aprobación en el Senado no refleja ni toma en cuenta los argumentos presentados por organizaciones sociales, juristas, estudiantes y medios internacionales, quienes están preocupados por las graves implicaciones que generará.
“En lugar de fortalecer el sistema judicial y promover un diálogo abierto, hemos sido testigos de un proceso atropellado que no construye una verdadera justicia para todos. Esta falta de apertura compromete no solo el presente, sino también el futuro, imponiendo un gran desafío al nuevo gobierno”, afirmó.
La Coparmex consideró que es un error seguir adelante con la aplicación de la reforma judicial, ya que en lugar de fortalecer al sistema, ahora podría arriesgar la independencia y eficacia de este poder, afectando directamente la vida democrática del país.
Añadió que el apresuramiento para aprobar la reforma judicial responde más a intereses políticos inmediatos que a las verdaderas necesidades de justicia en México.
“Los indicadores económicos son sensibles a cambios que afectan el equilibrio entre poderes, así como la pérdida de dicho equilibrio tendrá graves repercusiones en la actividad productiva del país”, dijo.
Sostuvo que la incertidumbre generada por la reforma afectará la inversión nacional e internacional, la confianza de los mercados y el desarrollo de proyectos clave para nuestra economía.
“Es fundamental que se escuche a la sociedad y se promueva un diálogo abierto que permita construir una reforma que realmente responda a las demandas de los ciudadanos”, añadió.
Pidió a los legisladores de los congresos que reflexionen, discutan y decidan pensando en sus ciudadanos, y en la necesidad de garantizar el acceso a una justicia cotidiana: “Es crucial que las decisiones que tomen aseguren la estabilidad jurídica, económica y social del país”.
“Hacemos un llamado para que durante el proceso de análisis, discusión y votación en los Congresos locales, se respeten los tiempos y formalidades establecidas en sus Constituciones, leyes o reglamentos internos, evitando así irregularidades como las ocurridas en los congresos de Oaxaca y Tamaulipas, donde no se cumplieron los plazos de convocatoria”, expuso.
