La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que ninguna fuerza política debe servir como protección para conductas ilegales, luego de la detención de Diego “N”, presidente municipal de Tequila, Jalisco, identificado como militante de Morena.
En la conferencia matutina de este viernes 6 de febrero de 2026, celebrada en Morelia, Michoacán, la jefa del Ejecutivo federal sostuvo que la pertenencia a un partido no otorga impunidad y que cualquier señalamiento debe atenderse conforme al marco legal.
Sheinbaum señaló que la captura del edil fue resultado de diversas denuncias ciudadanas presentadas ante el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General de la República (FGR), algunas de las cuales, indicó, le fueron expuestas de manera directa.
Explicó que dichas denuncias derivaron en una investigación formal y, tras reunirse los elementos necesarios, la FGR integró una carpeta que fue llevada ante un juez, quien autorizó la orden de aprehensión correspondiente.
La mandataria enfatizó que no se trata de acciones dirigidas de manera general contra funcionarios públicos, sino de procesos que se activan a partir de quejas documentadas. En el caso de Tequila, precisó, empresarios de la región y ciudadanos manifestaron inconformidades por presuntos actos de extorsión y abusos atribuidos a autoridades municipales.
En la víspera, fuerzas federales detuvieron a Diego “N” como parte del denominado Operativo Enjambre. El alcalde es señalado por presunta extorsión y por posibles vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Durante el mismo operativo fueron capturados otros tres servidores públicos del Ayuntamiento de Tequila: Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública; Juan Gabriel “N”, responsable de Catastro y Predial; e Isaac “N”, director de Obras Públicas.
De acuerdo con información oficial, las investigaciones apuntan a que el presidente municipal encabezaba una red de corrupción al interior del gobierno local, mediante la cual se habrían extorsionado a empresas tequileras, cerveceras y a comerciantes de la zona, además de incurrir en presuntos desvíos de recursos públicos.
La FGR mantiene abiertas las indagatorias para determinar las responsabilidades penales correspondientes.
