La destitución de Marx Arriaga Navarro de la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) escaló más allá de un relevo administrativo. El exfuncionario decidió atrincherarse en las oficinas que encabezaba tras ser notificado formalmente de su separación el 13 de febrero, en un episodio que tensó la línea entre inconformidad política y respeto a la institucionalidad.
Desde el interior de las instalaciones, Arriaga transmitió en vivo por Facebook para denunciar que su salida fue un “despojo” y parte -según su narrativa- de un intento por borrar la “memoria histórica” contenida en los libros de texto que coordinó bajo el modelo de la Nueva Escuela Mexicana. También acusó supuestos intentos de retirar referencias al caso Ayotzinapa y anunció la realización de una asamblea para definir sus próximos pasos.
La respuesta oficial vino del titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, quien sostuvo que la separación obedeció a la negativa de Arriaga de aceptar ajustes en los contenidos, particularmente en lo relativo a la incorporación del papel de las mujeres en la historia nacional. Delgado aseguró que el exdirector se opuso a modificar “ni una sola coma” y que su remoción fue notificada con antelación, incluso ofreciéndole alternativas para continuar en el servicio público.
Sin embargo, el episodio no ocurre en el vacío. Para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el conflicto funciona como una eficaz cortina de humo en un momento políticamente sensible. Mientras la opinión pública se concentra en la disputa por los libros de texto, al interior del oficialismo persisten fisuras que amenazan la cohesión de Morena rumbo a 2027.
La fragmentación interna, las disputas por candidaturas y la lucha por el control territorial colocan en riesgo la posibilidad de retener la mayoría de las gubernaturas en juego y la mayoría en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el diferendo educativo -con alta carga simbólica- desplaza del debate público las tensiones estratégicas que atraviesa el partido gobernante.
Más que una controversia pedagógica, el caso Arriaga revela la convergencia entre narrativa histórica, control político y cálculo electoral. La batalla por los contenidos escolares termina siendo, en los hechos, un capítulo más de la disputa por el poder hacia el siguiente ciclo electoral.
