Ante la falta de un nuevo distractor, agotados los temas de vuelta a la escuela, el Gobierno de México ahora recicla una acusación contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda y Crédito Público , Luis Videgaray.
La Fiscalía General de la República (FGR) prepara una acusación por los delitos de asociación delictuosa y cohecho, por los sobornos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para aprobar la reforma energética.
Esta se asocia al proceso de la FGR contra el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, y en donde asocia a Peña y Videgaray
“(Peña y Videgaray) forman parte de una asociación de hecho, cuyos efectos son visibles en la República Mexicana, entre abril de 2013 a agosto del 2014, con el propósito de realizar diversas conductas delictivas”, dice la imputación de la FGR contra Lavalle.
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La indagatoria de la FGR parte de 15 recibos exhibidos por Emilio Lozoya al Ministerio Público Federal como prueba.
A esto se añade la caza de la FGR contra Ricardo Anaya, por presuntamente recibir sobornos del ex director de Pemex.
Además de Anaya y Lavalle, también están implicados los ex senadores y actuales Gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Una pieza clave en las acusaciones es Rafael Caraveo, ex secretario particular de Lavalle, quien se convirtió en testigo protegido de la FGR y ha atestiguado sobre los sobornos del ex director de Pemex.
En noviembre pasado, el Diario REFORMA informó que cuando la FGR intentó infructuosamente obtener la orden de aprehensión contra Videgaray, planteó en su solicitud que el ex Mandatario eventualmente podría ser responsable de cohecho y traición a la patria.
El 12 de abril, en la audiencia de imputación de Lavalle, los fiscales federales delinearon ya una lista de otros 7 ex funcionarios que habrían sido parte de una asociación delictuosa y dos por cohecho.
