La reforma constitucional que elimina a siete organismos autónomos y que se acaba de aprobar en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, debe someterse a revisión y ser modificada.
Lo anterior, para que las instancias cuya extinción está avanzando, no desaparezcan, sino que cambien su naturaleza, planteó la diputada electa del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Olga Sánchez Cordero.
Al acudir a registrarse como nueva integrante de la Legislatura en San Lázaro, se declaró dispuesta a proponer, cuando la discusión llegue al Pleno, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) sobrevivan.
Pero no como organismos constitucionalmente autónomos, sino en forma de instancias descentralizadas o desconcentradas del Estado mexicano.
La exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) afirmó que ninguna norma obliga a México a tener organismos autónomos.
Lo que el país sí está obligado a hacer, al ser parte de tratados y mecanismos y organismos internacionales, es a tener instancias reguladoras, que no necesariamente tienen que ser autónomas, explicó.
“Yo creo que COFETEL, COFECE, CONEVAL o el INAI yo creo que deben pervivir, pero no necesariamente como órganos constitucionales autónomos. Ya eran órganos descentralizados, ya eran órganos desconcentrados, ya lo eran, y de repente los hicieron órganos constitucionales autónomos”, enfatizó textualmente.
Incluso, aseguró que cuando ese tipo de asuntos llegaban a la Corte, ella se extrañaba y sorprendía al verlos proliferar.
Insistió en que el Estado mexicano necesita instituciones reguladoras de sectores primordiales como el energético, las telecomunicaciones, el acceso a la información, la medición de la pobreza y la competencia económica.
Sin embargo, los organismos autónomos no son las figuras más adecuadas porque quedan fuera del control constitucional, aseguró.
