La narrativa oficial se construyó en conferencias, discursos y posicionamientos. Una reforma electoral para “profundizar la democracia”. Sin embargo, el verdadero alcance del llamado “Plan B” no se dijo en tribuna ni en la mañanera. Estaba -como suele ocurrir- en la letra pequeña.
Ahí aparece un cambio de alto calado. La autorización expresa para que la persona titular del Ejecutivo federal pueda promoverse durante procesos electorales vinculados a la revocación de mandato. En términos prácticos, una puerta abierta para que la presidenta participe activamente en campañas, algo que durante décadas fue denunciado por el propio morenismo como una violación constitucional.
La contradicción es evidente. Durante años, el lopezobradorismo construyó su discurso en contra de la injerencia presidencial en elecciones. Señalaron, por ejemplo, la actuación del gobierno federal en 2006 y exigieron incluso la anulación de aquella contienda bajo el argumento de intervención indebida. Hoy, desde el poder, impulsan un esquema que normaliza -y legaliza- aquello que antes condenaban.
La propuesta contempla adelantar la consulta de revocación de mandato para hacerla coincidir con elecciones intermedias: renovación de gubernaturas, Congreso federal y otros cargos. En ese contexto, la propia presidenta, como “persona sujeta a revocación”, tendría la facultad de difundir el proceso “en los términos que establezca la ley”, es decir, promoción personal en plena contienda.
El efecto político es previsible. Incluir en la boleta una consulta sobre la continuidad presidencial no solo incrementa la participación, sino que introduce un factor de arrastre electoral. La figura presidencial se convierte en eje de movilización, beneficiando a su partido en elecciones concurrentes, especialmente en estados clave donde el oficialismo enfrenta escenarios competidos.
No se trata de una reforma técnica ni de un ajuste imperceptible. Es una redefinición de las reglas del juego; el regreso, ahora institucionalizado, del activismo electoral desde la Presidencia. La diferencia es que esta vez no se oculta ni se disfraza; se legisla.
El “Plan B” no amplía la democracia, la inclina.
