- Funcionarios mexicanos evalúan escenarios ante posible exigencia estadounidense de señalamiento de políticos por vínculos con crimen organizado.
Altos funcionarios del Gobierno federal de México habrían discutido en privado cómo responder a las crecientes demandas del Gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad, incluyendo posibles señalamientos o arrestos de políticos con supuestos vínculos con el crimen organizado, publica The Wall Street Journal.
Esto ocurre después de la última comunicación entre la presidenta de México Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que el mandatario estadounidense reiteró su postura de que México debe intensificar acciones contra los cárteles y reducir el flujo de drogas hacia el norte, según fuentes periodísticas.
En reuniones internas desde que fue destituido el presidente venezolano Nicolás Maduro, según el diario, integrantes del gabinete mexicano han valorado distintos escenarios ante lo que consideran presiones difíciles de satisfacer, más allá incluso de opciones de acción militar estadounidense en temas de seguridad.
El enfoque de discusión incluye la posibilidad de que Estados Unidos exija la identificación o procesamiento de políticos mexicanos -vinculados, principalmente, al partido Morena- a los que atribuye vínculos con redes delictivas y del crimen organizado. Hasta el momento, no existen indicios públicos de que Washington esté impugnando formalmente a individuos específicos o preparando acciones unilaterales de ese tipo.
El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha rechazado cualquier acusación de corrupción o colusión con grupos criminales, de manera sistemática. La presidenta Sheinbaum ha sostenido –con la clásica narrativa política- que las investigaciones deben conducirse por la Fiscalía General de la República conforme a la ley, y ha negado que exista presión para entregar personas por motivos políticos.
Analistas políticos y expertos en temas internacionales señalan que atender demandas de este tipo en materia de seguridad y justicia podría tener implicaciones políticas internas, incluyendo posibles tensiones dentro de Morena y reacciones de sectores nacionalistas debido a la percepción de injerencia extranjera en asuntos internos.
Hasta ahora, el Gobierno de México ha reafirmado la importancia de la cooperación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra los cárteles, pero ha establecido como línea roja el rechazo a intervenciones militares o acciones que comprometan la soberanía nacional.
Este debate se da en un contexto de aumento de presión diplomática y negociaciones sobre seguridad fronteriza, narcotráfico y comercio, luego de que el gobierno estadounidense ha amenazado con aranceles y ha reiterado su interés en una mayor colaboración para combatir redes criminales transnacionales.
