La relación entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y la administración de Donald Trump entró rápidamente en una fase de tensión. Lo que en Palacio Nacional se leyó como una oportunidad para recomponer una relación pragmática con Washington derivó en un escenario de presión política, diplomática y de inteligencia sin precedente reciente.
Desde el primer día, el nuevo gobierno estadounidense marcó distancia. La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas no sólo redefinió el discurso, sino que colocó a México dentro del marco de la seguridad nacional de Estados Unidos. A partir de ese momento, la cooperación dejó de ser un asunto estrictamente bilateral y pasó a formar parte de una lógica de acción más amplia.
En Washington, el objetivo es claro. El problema no es la falta de operativos, sino la ausencia de consecuencias políticas y judiciales. La exigencia no se centra en extradiciones masivas, sino en que el Estado mexicano procese a funcionarios y políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado.
Blindaje interno
De acuerdo con fuentes cercanas a la relación bilateral, el gobierno de Sheinbaum ha respondido con acciones limitadas a niveles operativos bajos. En paralelo, persiste la resistencia a que las investigaciones alcancen a figuras cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador. En círculos diplomáticos, la percepción se resume en una frase: “Todos los caminos conducen a Palenque”, relata el periodista Raymundo Riva Palacio.
Casos como el contrabando de combustibles, las redes criminales en Tabasco asociadas a Hernán Bermúdez Requena, así como listas de funcionarios y políticos de Morena entregadas por autoridades estadounidenses, no han derivado en procesos judiciales de alto nivel. Para Washington, ello confirma la existencia de un blindaje político.
El factor Venezuela
La captura del venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, elevó la tensión regional y tuvo un impacto directo en la relación México–Estados Unidos. En Palacio Nacional, el episodio fue interpretado como una señal de que Washington está dispuesto a actuar de manera directa cuando considera agotadas las vías diplomáticas.
En paralelo, comenzó a circular un trascendido sensible: que Maduro habría condicionado cualquier declaración “comprometedora” sobre redes de poder transnacionales a la liberación de su esposa. Aunque no confirmado, el señalamiento incrementó la carga política del caso.
México reaccionó con un posicionamiento firme. Sheinbaum respaldó la postura de López Obrador, quien calificó la captura como un “secuestro político” y rechazó la intervención extranjera en Caracas. El mensaje fue claro: defensa de la soberanía y rechazo a acciones unilaterales de Estados Unidos.
Inteligencia sin coordinación
La falta de respuesta mexicana a las exigencias de fondo habría llevado a Washington a intensificar labores de inteligencia en territorio mexicano sin coordinación plena, con participación de agencias como la CIA y el Pentágono. En el gobierno mexicano se reconoce que estas actividades existen y que el margen de control es limitado.
En Washington, la percepción es que la decisión de actuar está tomada. El debate no es el si, sino el cuándo y el cómo.
Relación en redefinición
La relación bilateral atraviesa una fase de redefinición. Para México, el reto es sostener el discurso de soberanía sin profundizar el aislamiento frente a su principal socio. Para Estados Unidos, el desafío es avanzar contra el crimen organizado sin provocar una ruptura abierta.
El factor TMEC
Este clima de desconfianza llega en un momento particularmente sensible: la antesala de la renegociación del TMEC. En Washington, los temas de seguridad, combate al crimen organizado y Estado de derecho han comenzado a entrelazarse con la agenda comercial, rompiendo la lógica de aislar un problema de otro que predominó en años recientes.
Para Estados Unidos, la falta de acciones judiciales contra redes político-criminales debilita los argumentos mexicanos en materia de certidumbre, cumplimiento de reglas y garantías para la inversión. Para México, la presión en seguridad amenaza con trasladarse a mesas comerciales donde el margen de maniobra es menor y los costos económicos, mayores.
La relación bilateral, marcada hoy por la sospecha y la presión unilateral, complica el terreno sobre el cual deberá discutirse el futuro del TMEC. En ese contexto, la renegociación no se perfila como un proceso técnico, sino como una negociación política atravesada por la seguridad, la soberanía y la confianza mutua.
Por ahora, la cooperación convive con la desconfianza. El margen político, en ambos lados de la frontera, se reduce.
Y en ese cruce, México llega con flancos abiertos.
