Una jueza federal dictó prisión preventiva al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El exmandatario fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, donde permanecerá mientras su defensa hace uso de la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, Duarte es señalado por el presunto desvío y lavado de 73 millones 925 mil 995 pesos, recursos que habrían sido tomados del erario de Chihuahua y canalizados hacia empresas vinculadas a él. La carpeta de investigación establece que, entre 2011 y 2014, la Secretaría de Hacienda estatal transfirió más de 96 millones de pesos a dos compañías relacionadas con el exgobernador, de los cuales cerca del 76 por ciento fue movido mediante ocho operaciones financieras orientadas a ocultar su origen. Los fondos, según la indagatoria, se dispersaron entre diversas empresas, incluyendo Acala, Pavimentos y Servicios de Parral y Valles Baca Hermanos, además de cuentas vinculadas a su esposa, Bertha Olga Gómez Fong.
La jueza María Jazmín Ambriz López, del Estado de México, resolvió imponer la medida cautelar tras una audiencia que se extendió por 14 horas, al considerar que Duarte no logró acreditar su arraigo, pese a portar un brazalete electrónico por el proceso que enfrenta en Chihuahua. También evaluó que el exmandatario podría interferir en la investigación si permanecía en libertad.
La FGR presentó alrededor de 120 elementos de prueba, entre ellos peritajes, testimonios, documentos corporativos y registros bancarios. La audiencia para resolver si Duarte será vinculado a proceso quedó programada para el próximo sábado a las 13:00 horas.
Su defensa, encabezada por el abogado Juan Carlos Mendoza, sostiene que la orden de aprehensión fue liberada de manera ilegal. En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el litigante argumentó que el Estado mexicano no tenía facultades para solicitar la detención en el marco del tratado de extradición y calificó de “absurdos” los razonamientos del juez que la otorgó. Aseguró además que Duarte enfrenta imputaciones similares en el proceso local de Chihuahua y cuestionó la necesidad de la prisión preventiva.
Mendoza afirmó que el exgobernador se encuentra “sorprendido” por la medida, pero “entero y con la cara en alto”, y advirtió que la defensa insistirá en las presuntas violaciones a la seguridad jurídica e irregularidades del proceso federal.
