Victoria Félix/Agencia Reforma
Pese a estar boletinadas por la autoridad fiscal, las Administraciones estatales del priista Rodrigo Medina y del independiente Jaime Rodríguez beneficiaron a 123 empresas factureras con contratos millonarios e, incluso, un grupo de ellas tejió una red para lucrar en ambos sexenios.
El posible desfalco al erario alcanza al menos 190.6 millones de pesos por contratos otorgados entre 2014 y 2019 por el Gobierno de
Nuevo León, según detectó Grupo REFORMA en una revisión a mil 918 facturas.
Entre ellas están Consorcio ML, que emitió facturas por 88 millones de pesos; Comenort Industrial, con pagos por 14.3 millones; Comercializadora Endee y Vanguardia Desarrollos Constructivos, que acumularon 12 millones, cada una, y Construcción y Multiservicios Torres, con 9.7 millones, entre muchas otras.
Las Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) son calificadas así porque emiten facturas sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad para prestar los servicios o producir los bienes que amparan sus documentos, y no se encuentran localizables por la autoridad, de acuerdo con el Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
De estas 123 empresas, 64 fueron contratadas en la Administración de Medina (2009-2015), 36 en el actual sexenio de “El Bronco” y 23 facturaron con ambos Gobiernos.
El Gobierno del priista pagó a estas firmas 151.4 millones de pesos y el del independiente 39.2 millones.
El 96 por ciento de los recursos fueron concentrados por apenas 32 empresas, de las que 18 están relacionadas entre sí a través de sus integrantes.
De esta manera fue como se conformó una red de 14 prestanombres que sobrevivió al cambio de Administración en el 2015.
Hay al menos nueve personas que aparecen con distintos cargos en firmas contratadas por ambos Gobiernos y son: Héctor Garza, Ángel Mireles, María Sánchez, Eduardo Medina, Luis Garza; Rubén Rodríguez, César Saldaña, Emmanuel Zavala y Laura Alvarado.
Para tratar de evadir a la autoridad fiscal, armaron un esquema: dieron de alta empresas con prestanombres, facturaron al Gobierno, liquidaron las firmas y crearon nuevas “reciclando” a los mismos socios.
Además, repiten patrones que evidencian la simulación: son creadas el mismo día o mes, comparten socios, están ubicados en el mismo domicilio que otra empresa, cambiaron de administradores muchas veces o fueron liquidadas después de haber facturado y haber sido boletinadas por el SAT.
En la investigación se visitaron las 32 ubicaciones de las empresas que más recursos recibieron y se corroboró que ninguna está localizada en el domicilio fiscal que indican sus facturas.
En su lugar se encontraron desde locales de renta desocupados, domicilios particulares, negocios con giros y nombres distintos y hasta un taller de carpintería.
“Aquí había un despacho contable y ellos sí tenían muchas empresas, pero ya tiene como unos cinco o siete años que se fueron”, dijo Cecilio Vélez, rentero de un complejo departamental en el centro de Monterrey, donde supuestamente estaba Telecomunicaciones y Sistemas Dinámicos, una de las factureras.
Al visitar los domicilios de los socios solamente se localizó a uno, Raúl Morales, ya que el resto se había mudado o eran casas abandonadas, generalmente ubicadas en colonias populares.
Solamente siete empresas de las 123 han obtenido una sentencia favorable del SAT para comprobar que no son factureras, mientras que las demás mantienen un estatus definitivo dentro de la lista de boletinadas.
La Contraloría del Estado sólo ha sancionado a dos empresas que aparecen en este listado: Comercializadora Endee y Arte y Arquitectura San Pedro.
A Endee se le inhabilitó por cinco años y con una multa de 70 mil pesos, y a Arte y Arquitectura la vetó por dos años con una multa de 38 mil pesos.
‘Operan’ factureras en talleres y baldíos
Aunque son empresas que acapararon millones de pesos en contratos con la pasada y la actual administración estatal, los domicilios registrados donde “operan” son inexistentes o corresponden a talleres y hasta a lotes baldíos.
En recorridos realizados por Grupo REFORMA durante febrero, marzo y abril se visitaron 48 domicilios de las empresas factureras y de los socios que más recursos recibieron entre 2014 y 2019, durante los Gobiernos de Rodrigo Medina y de Jaime Rodríguez, de acuerdo con las facturas entregadas por el SAT vía transparencia.
El domicilio de las empresas Consorcio ML, Consorcio Ejecutivo e Integral del Norte, y Arte y Arquitectura San Pedro, que facturaron más de 91.6 millones de pesos al Estado durante la administración de Medina está en Hidalgo 305, en San Pedro… donde opera un taller de carpintería.
“Aquí he recibido de todo (buscando a las empresas) y no se imagina”, comentó un trabajador del lugar, quien prefirió omitir su nombre, “seguros, Agencia Estatal de Investigaciones, gente del SAT, Agua y Drenaje, la CFE, no tiene idea”.
“Tengo mis credenciales, yo no tengo nada que ver con esa empresa”, afirmó.
Y aunque aparece como socia de estas empresas, Jessica Rangel Valtierra rentaba una modesta casa en Platón Sánchez 413, en el centro de Monterrey, por 4 mil pesos mensuales.
“Nunca la vi así con un carro de lujo o cosas de esas”, dijo Roberto Morales de 46 años, quien era su vecino. “Yo sé que vendía cosas de pacas de ropa”.
Comenort Industrial emitió facturas por 14.3 millones de pesos durante la gestión de Rodríguez y su domicilio está en una plaza de locales comerciales de San Pedro, pero cuando se visitó el establecimiento estaba desocupado.
En una casa de Cumbres Elite, en Monterrey, está la dirección de Comercializadora Endee, que facturó 12.6 millones de pesos al Estado con Medina.
“Aquí no es. Esta es una casa, tú buscas según una empresa”, contestó una mujer, quien no se identificó y se mostró molesta por los cuestionamientos.
Sobre Diego Díaz de Berlanga, en San Nicolás, hay una plaza de locales en la que supuestamente debería estar la empresa Construcción y Multiservicios Torres, que facturó 9.7 millones a la actual administración estatal por trabajos de albañilería, pero no se localizó.
Esta empresa comparte socios con la firma Comercializadora Gullax, que facturó 2.4 millones por trabajos de cancelería, y su domicilio está en un local de Cintermex.
“Se van cambiando a cada rato en estos locales, en los cuatro años que hemos estado aquí se ha cambiado unas ocho veces de dueños”, comentó uno de los arrendatarios.
Se localizó a uno de los socios de estas últimas dos empresas, Raúl Morales Galindo, de 82 años, quien admitió haber participado en operaciones de compra venta.
“Sí he tenido yo que ver con muchas empresas, no nada más con dos”, afirmó. “Hemos tenido contacto de compra y venta”.
“Me buscaron o los busque yo, no me acuerdo”, dijo ante el cuestionamiento de su relación con estas empresas. “Los negocios son de ellos, los míos son míos”, contestó sin aclarar a quiénes se refería.
En un lote baldío ubicado en la Colonia Fabriles, en Monterrey, está la dirección de Luis Alonso Garza, socio de Comercializadora Inner Cicle y Comercializadora Burzum, las cuales facturaron 1.2 millones de pesos durante la administración de Rodríguez.
Ángel Ignacio Mireles Sánchez, otro de los socios de Comercializadora Inner Cicle, que también está ligado a las empresas Deo Servicios Avanzados Industriales y Comerciales, y Mantenimiento Industrial Now, vive en una casa ubicada en el Cerro de la Campana.
Estas tres empresas facturaron al menos 1.9 millones a los Gobiernos de Medina y del Bronco.
Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
