El rector de la Escuela Libre de Derecho, Ricardo Antonio Silva Díaz, envió una carta de apoyo al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien fue señalado por el presidente Andrés Manuel López Obrador por conceder amparos para frenar la entrada en vigor de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
En la carta, el rector destaca que el juez Juan Pablo Gómez inició su carrera sin ninguna remuneración.
Defendió al juez y aseguró que las criticas en su contra son subjetivas y desinformadas que pretenden borras años de su cultura de trabajo, además acusó que se ignora el esfuerzo y empeño que le implicó llegar a ser un juzgador federal.
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Aquí la carta íntegra:
Su señoría, he seguido su trayectoria desde hace algunos años. Conozco el cariño y el tiempo que le ha brindado a la labor jurisdiccional; así como el esfuerzo y empeño desde sus inicios en San Luis Potosí, cuando sin recibir remuneración, usted cosía expedientes y ayudaba a foliarlos. No fueron necesarias recomendaciones, ni nepotismo, ni componendas para que su ascenso se diera de manera natural. Un ejemplo de juventud exitosa.
El Poder Judicial se ha caracterizado por ser un lugar que refugia talentos. Esa es una de las noblezas en la carrera judicial: un espacio para abogadas y abogados que frente a las dificultades de la competencia de los capitales, encuentran un espacio para desarrollar talento mediante la impartición de justicia.
Esa vocación que usted ha decidido forjar, se cimienta en la necesidad de defender a los desaventajados, de proteger a las minorías frente a las mayorías rapaces y de la mesura frente a la pasión política. Labor difícil, pues la justicia se convierte en un muro a las decisiones arbitrarias, unilaterales e impositivas. Ninguna decisión política puede estar por encima de los derechos de todos, ni de la Constitución. Ustedes los juzgadores, con la Constitución en la mano, brindan una óptica que pondera los distintos bienes en juego, con la finalidad de resguardar el bienestar de las mujeres y hombres.
Un Juez sabe lo difícil que puede ser la carrera judicial, siempre hay un perdedor inconforme, pero afortunadamente su experiencia con jueces, magistrados y ministros mesurados e imparciales, le han dado las herramientas suficientes para saber que estos vendavales sólo tratan de nublar la vista pero tarde o temprano
cesan.
Hoy la crítica subjetiva y desinformada, con unas sencillas arengas, pretende borrar años de esa cultura de trabajo e ignora el esfuerzo y empeño que le implicó llegar a ser un juzgador federal. Recuerde, lo cimentado en roca, difícilmente se mueve y su paso se está forjando piedra por piedra.
Confíe en el derecho, en las normas, en las instituciones que serán las que resguardarán la fuerza de su decisión judicial y el ánimo para que pueda desarrollar su labor y servido libre, con seguridad y sin ataques personales provenientes de las esferas públicas. Tenga la seguridad que, de no ser así, cada uno de nosotros, como ciudadanos, haremos lo necesario para hacerlo valer.
Sus acciones inspiran a las nuevas generaciones de estudiantes y, en especial, a las de la Escuela Libre de Derecho, son ellas las que nos obligan a defender la importancia de la abogada pero, más aún, a enaltecer la valía de ser un juzgador imparcial, convencido en la protección de los derechos.
López Obrador pidió este lunes al presidente de la Suprema Corte investigar al juez que concedió una suspensión “de manera veloz” en contra de la ley de Reforma Eléctrica.
A través de una carta que envió a Arturo Zaldívar, también titular del Consejo de la Judicatura Federal, el mandatario solicitó que se investigue a Juan Pablo Gómez Fierro, quien el pasado jueves detuvo la Reforma Eléctrica aprobada por el Congreso.
Esta polémica empezó el jueves pasado cuando el juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica suspendiera los efectos de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica tras amparos de las empresas Eoliatec y el Parque Solar Orejana de Zuma Energía.
El juez Gómez Fierro suspendió “todos los efectos” de la reforma, cuyo principal cambio es eliminar el criterio económico para despachar primero las plantas hidroeléctricas y combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las privadas de renovables.
También ordenó revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.
