La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma electoral que plantea modificar 11 artículos de la Constitución, pero sin eliminar algunos de los mecanismos y estructuras que previamente se anticipaban en el debate público.
Entre los cambios propuestos, el documento mantiene vigente el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), pese a que en días recientes se había planteado su eventual desaparición.
Durante la conferencia presidencial del 25 de febrero, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que los cómputos distritales comenzarían al concluir la jornada electoral, lo que inicialmente fue interpretado como el fin del PREP y su sustitución por resultados preliminares oficiales.
Sin embargo, la propuesta enviada al Congreso conserva este sistema de difusión rápida de resultados. A las críticas de la oposición contra su posible eliminación se sumó ese mismo día el coordinador electoral del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar, quien defendió la utilidad del programa para dar certeza a los procesos electorales.
La reforma también mantiene intactos a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y a las 300 Juntas Distritales del Instituto Nacional Electoral, instituciones que semanas atrás se consideraban susceptibles de desaparecer o compactarse.
Un borrador filtrado previamente —atribuido al equipo del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez— planteaba modificar la estructura electoral y reducir el papel de los organismos locales creados en 2014, tras críticas de la oposición por la presunta influencia de los gobiernos estatales en los institutos electorales.
La permanencia de los OPLE fue defendida por partidos como Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional, así como por la agrupación política Somos México, que busca su registro como partido, y por el recién formado Frente Amplio Democrático.
También las Juntas Distritales del INE recibieron respaldo de consejeros electorales. El 1 de marzo, el consejero Jaime Rivera advirtió que su eliminación implicaría una regresión al modelo previo a 1988, caracterizado —dijo— por improvisación administrativa y autoridades dependientes del gobierno en turno.
La iniciativa tampoco incluye la figura de censura previa en propaganda electoral que se había mencionado en versiones preliminares y que permitiría al INE retirar contenidos considerados falsos durante las campañas.
Mecanismos de control financiero
La propuesta incorpora medidas para reforzar la fiscalización del financiamiento político:
Prohibición de dinero extranjero: se plantea vetar de forma absoluta recursos provenientes de gobiernos u organismos internacionales, fondos de inversión o personas residentes fuera del país.
Fin del uso de efectivo: las aportaciones privadas deberán realizarse exclusivamente mediante transferencias electrónicas a través del sistema SPEI y solo podrán provenir de personas físicas mexicanas.
Fiscalización permanente: partidos y campañas deberán reportar diariamente sus operaciones financieras, divisas y activos virtuales para fines de auditoría dentro del sistema financiero.
La iniciativa iniciará ahora su discusión en la Cámara de Diputados como parte del proceso legislativo para modificar la estructura electoral del país.
