Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entregó su informe de labores correspondiente a su segundo año al frente del máximo tribunal y señaló que decisiones tomadas durante su mandato provocaron la aprobación de la reforma judicial.
Entre las situaciones a las que aludió está la invalidez del traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, el decreto que declaraba como seguridad nacional la información sobre proyectos prioritarios y el llamado Plan B electoral, a las que la Corte dio marcha atrás luego de que fueron impugnadas.
“La campaña para la anulación de la autonomía del Poder Judicial federal para sujetarlo a lógicas electorales y partidistas se intensificó inclusive de manera violenta cuando la Suprema Corte de Justicia y sus integrantes actuamos como nos corresponde, como un tribunal constitucional”, afirmó Piña Hernández.
La ministra acusó que hubo intentos de injerencia en el Poder Judicial durante el mandato del ministro en retiro Arturo Zaldívar, quien llegó al punto de pretender que se extendiera su periodo como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.
Los ataques empezaron con AMLO
Piña Hernández aseguró que los ataques a jueces, magistrados y ministros comenzaron hace seis años, cuando empezó el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque eso no lo mencionó expresamente.
Sin embargo, dijo que la Suprema Corte “recuperó su mandato y papel de tribunal constitucional independiente y autónomo” durante su periodo al frente del Poder Judicial de la Federación, y coincidió con el inicio del ataque hacia ese poder.
“Las coincidencias entre ataques y amenazas a la Judicatura Federal y a sus integrantes y al legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes cuando frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno, se nos llamó traidores al pueblo”, expresó la ministra.
La ministra presidenta cuestionó que una de las principales críticas hacia el Poder Judicial sea el alto número de personas en prisión sin sentencia, cuando el propio gobierno promueve la prisión preventiva oficiosa como una estrategia de seguridad junto a la militarización ante el fallo de las policías y fiscalías que, recordó, no forman parte de la reforma.
“Llama también la atención que entre las principales acusaciones que se han lanzado reiteradamente contra el Poder Judicial federal está que existen demasiadas personas sin sentencia en prisión. ¿No es esto precisamente lo que ocasiona en gran medida la prisión preventiva oficiosa?”, dijo Piña.
Por otra parte, reiteró sus dudas frente a la reforma judicial aprobada por la mayoría legislativa de Morena, aunque dijo que desea lo mejor para el país como mexicana y como funcionaria pública.
“Por supuesto se necesitaba una reforma, pero no podíamos caer en la salida fácil. El contexto tan complejo que se vive en México no se lo merece, ni mucho menos sus consecuencias”, comentó.
Al término de su discurso, la ministra presidenta recibió un aplauso de pie por parte de sus compañeros del pleno y los asistentes al informe.
Sin embargo, las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres omitieron celebrar el discurso de Piña, e incluso la autodenominada “ministra del pueblo la denostó” en su cuenta de X.
