La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, ha manifestado su preocupación por los señalamientos realizados por el presidente Andrés Manuel López Obrador contra jueces, advirtiendo que esto podría conducir a “hostigamientos y abusos”.
A través de su cuenta de X, antes Twitter, la Relatora Especial señaló que un principio fundamental de la independencia judicial es que los jueces no sean objeto de amenazas ni corran el riesgo de sufrir daños por la labor que desempeñan y las resoluciones que emiten.
En una declaración reciente, Satterthwaite expresó inquietud por el uso presuntamente indebido de los canales de comunicación gubernamental para estigmatizar a operadores de justicia, lo cual podría influir en decisiones judiciales independientes. Subrayó que la independencia judicial requiere que los jueces no sean objeto de amenazas ni de ataques que comprometan su labor.
“Me preocupa el presunto uso indebido de los canales de comunicación gubernamental por parte del Ejecutivo para estigmatizar y tachar de ‘corruptos’ a determinados operadores de justicia, lo que puede derivar en hostigamientos y abusos dirigidos a influir en las decisiones judiciales”, escribió Satterthwaite.
“El hecho de que altos funcionarios, incluido el Presidente, señalen y califiquen públicamente a determinados jueces como ‘corruptos’ o ‘delincuentes’ por sus decisiones judiciales es motivo de gran preocupación, ya que dichos funcionarios de alto rango ejercen influencia sobre la percepción pública del poder judicial”.
La relatora insistió en que los esfuerzos para abordar la corrupción judicial deben basarse en pruebas y garantizar el debido proceso, desestimando las acusaciones públicas como un método efectivo para combatir este problema. En una carta dirigida al gobierno mexicano, solicitó urgentemente medidas para proteger a los jueces de cualquier forma de intimidación o interferencia indebida en su trabajo.
“Expreso mi seria preocupación por el presunto uso abusivo de los canales gubernamentales de comunicación masiva por parte del Ejecutivo para estigmatizar y calificar a los operadores de justicia como corruptos o delincuentes, en un contexto en el que las consecuencias de tales declaraciones incluirán previsiblemente hostigamiento y abuso dirigidos a influir en la toma de decisiones judiciales. De confirmarse, los hechos descritos podrían constituir una violación a diversos estándares internacionales vinculantes para México”, precisó.
Por último, Margaret Satterthwaite exhortó al gobierno de López Obrador a responder a estas preocupaciones y proporcionar información sobre las salvaguardias implementadas para asegurar la independencia judicial en México.
