- La lucha contra los cárteles va más allá de la seguridad pública y pone en jaque a las estructuras políticas que han convivido con el crimen organizado.
- Esta información retoma el análisis de Mary Beth Sheridan, periodista especializada en América Latina, integrante del Georgetown Americas Institute, publicado originalmente en The Washington Post.
Las reiteradas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para intervenir militarmente en México con el objetivo de “acabar con los cárteles” han reavivado un debate incómodo pero necesario: el narcotráfico no opera al margen del Estado mexicano, sino que se ha integrado, durante décadas, a su entramado político y administrativo. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, enfrentar esa realidad implica no solo un desafío en materia de seguridad, sino un costo político que podría comprometer la estabilidad de su propio gobierno.
Trump ha insistido en que el poder real en México lo ejercen los grupos criminales y no la jefa del Ejecutivo. Aunque la afirmación simplifica un problema complejo, refleja una percepción internacional que presiona al nuevo gobierno mexicano. Sheinbaum ha rechazado de manera categórica cualquier presencia militar extranjera, apelando a la soberanía nacional, pero al mismo tiempo ha evitado confrontar de manera abierta a las redes políticas que, a nivel local y regional, han coexistido con el crimen organizado.
El crimen organizado como parte del aparato estatal
Desde Washington, el narcotráfico suele retratarse como un fenómeno encabezado por capos visibles y organizaciones que desafían al Estado. Sin embargo, en México, el problema ha sido históricamente más profundo: acuerdos informales, protección institucional y colusión con autoridades han permitido la operación de estos grupos a lo largo de distintos gobiernos y colores partidistas.
Morena, hoy partido hegemónico, no escapa a esta dinámica. Funcionarios municipales, estatales y federales han sido señalados por presuntos vínculos con organizaciones criminales. Avanzar contra los cárteles implica, necesariamente, desmantelar pactos locales que sostienen tanto el control territorial como la operación electoral del partido en el poder.
Un partido en el poder sin cohesión plena
A diferencia de Andrés Manuel López Obrador, quien concentró liderazgo y control político durante su sexenio, Claudia Sheinbaum encabeza un Morena fragmentado, atravesado por corrientes internas y lealtades personales. Aunque AMLO ya no ocupa un cargo público, su influencia sigue siendo determinante dentro del partido.
Un combate frontal contra la corrupción política asociada al crimen organizado podría generar fracturas internas, resistencia desde los gobiernos locales y un debilitamiento del partido rumbo a los próximos procesos electorales. En ese escenario, el combate al narco se convierte también en un riesgo para la gobernabilidad.
Tabasco: una muestra del problema estructural
El caso de Tabasco expone con claridad la profundidad de la colusión. Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad estatal, fue señalado por informes de inteligencia como presunto operador de un grupo criminal mientras ocupaba el cargo. Su principal respaldo político fue Adán Augusto López Hernández, exgobernador, actual senador y figura central de Morena.
Más allá de las investigaciones judiciales, el caso ha evidenciado la falta de rendición de cuentas dentro del partido y el silencio de su dirigencia ante señalamientos de alto nivel.
Violencia política y control electoral
El crimen organizado ha ampliado su influencia: no solo trafica drogas, también interviene en procesos electorales, impone candidatos, intimida autoridades y controla regiones enteras. Durante el proceso electoral de 2024, decenas de aspirantes fueron asesinados y cientos abandonaron sus candidaturas por amenazas.
Romper estas redes de protección política suele generar reacomodos violentos, al desestabilizar equilibrios criminales locales. La experiencia acumulada de más de dos décadas de violencia explica, en parte, la cautela del gobierno federal.
Una estrategia más firme, pero limitada
Sheinbaum ha marcado distancia respecto a su antecesor con acciones más visibles: refuerzo militar en la frontera, extradiciones, detenciones relevantes y una reducción gradual en los homicidios. Incluso, algunos funcionarios de Morena han sido detenidos por presuntos vínculos con el crimen.
No obstante, el discurso oficial sigue evitando un señalamiento directo a las estructuras políticas que facilitan la operación del narco. El lema de “cero impunidad” enfrenta límites cuando no se tocan los núcleos de poder local.
Justicia transicional: una opción con alto costo
Diversas voces han propuesto mecanismos de justicia transicional para desmontar las redes criminales y políticas mediante comisiones de la verdad y procesos judiciales amplios. Sin embargo, una estrategia de este tipo podría poner en entredicho la narrativa de Morena como fuerza de ruptura con el pasado y abrir una crisis de legitimidad política.
Entre la presión externa y la realidad interna
Claudia Sheinbaum no enfrenta únicamente a los cárteles, sino a un sistema que ha normalizado su coexistencia con la política. Mientras Washington exige una ofensiva sin matices, el poder interno se sostiene en equilibrios frágiles y acuerdos tácitos.
La presidenta gobierna en medio de esa tensión: entre la presión de Estados Unidos y un aparato político que sobrevive gracias al statu quo. En México, combatir al narcotráfico no solo significa capturar criminales, sino desmantelar el poder que los protege
Ese es, hoy, el verdadero costo político.
