La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados de México su iniciativa de reforma electoral, pese a no contar con el apoyo de sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT). La propuesta será discutida y votada en el pleno entre el 18 y el 25 de marzo.
El proyecto plantea modificaciones a once artículos de la Constitución y requiere mayoría calificada para su aprobación, es decir, el respaldo de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión.
Hasta ahora, la iniciativa cuenta únicamente con el respaldo de los 253 legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Su coordinador parlamentario, Ricardo Monreal, aseguró que la bancada votará en bloque a favor del planteamiento presidencial.
En contraste, las dirigencias nacionales del PVEM y del PT han expresado su rechazo, lo que deja fuera de la ecuación 111 votos de aliados: 62 diputados del Verde y 49 del PT. A ello se suma la postura anticipada de la oposición, que también ha manifestado su negativa a respaldar la reforma.
La propuesta presidencial mantiene dos de los puntos que han generado mayor inconformidad entre los aliados de Morena. Uno de ellos es la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. El proyecto plantea disminuir las prerrogativas de 65% a 48.75% del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cifra que se multiplicaría por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.
El documento establece que el 30% de los recursos resultantes se distribuirá de manera igualitaria entre los partidos políticos, mientras que el 70% restante se asignará conforme al porcentaje de votos obtenidos en la elección federal de diputados inmediata anterior.
Las dirigencias del PVEM y del PT han cuestionado este esquema y proponen que el recorte se aplique de forma uniforme a todos los partidos, independientemente de los resultados electorales, planteamiento que Morena ha rechazado.
Otro punto de desacuerdo es el nuevo mecanismo para elegir a los 200 diputados de representación proporcional. La iniciativa plantea que se integren mediante cinco circunscripciones regionales, organizadas bajo criterios de paridad de género y encabezadas alternadamente por mujeres y hombres en cada proceso electoral.
Además, 100 de esas posiciones se asignarían a candidatos que, sin ganar su distrito, obtuvieron los porcentajes más altos de votación dentro de su partido. Las otras 100 se definirían mediante votación directa en las circunscripciones regionales, incluyendo a representantes de mexicanos residentes en el extranjero.
En cuanto al Senado, la iniciativa propone que la Cámara de Senadores de México quede integrada por 96 legisladores, lo que implicaría eliminar 32 escaños de representación proporcional, uno por cada entidad federativa.
El proyecto también plantea que autoridades de seguridad, procuración de justicia e inteligencia financiera coordinen acciones con la autoridad electoral nacional para aportar información relevante durante el registro de candidaturas, con el objetivo de proteger la integridad de los procesos electorales.
Respecto al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), la iniciativa contempla un rediseño de su estructura y organización. No obstante, no se especifica el monto de los posibles recortes presupuestales, los cuales quedarían definidos en futuros presupuestos de egresos.
