La presidenta Claudia Sheinbaum insistió a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer las investigaciones del rancho Izaguirre que fue asegurado por la fiscalía de Jalisco desde septiembre de 2024, el cual fue usado como campo de adiestramiento por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En conferencia de prensa, la mandataria dijo que “la FGR tiene que asumir toda la responsabilidad de la investigación” y reiteró que, a la fecha, la fiscalía estatal es la que sigue a cargo de las indagatorias del caso de Teuchitlán que fue abierto para la prensa y madres buscadoras el pasado jueves.
“La Fiscalía General tiene, ya así como se lo haya entregado la fiscalía estatal, que iniciar el proceso de investigación. Y entiendo que la fiscalía de la República está en eso”, dijo la presidenta, y aseguró que de haber autoridades involucradas en el caso se hará la investigación a fondo.
Además, subrayó que “hasta ahora, quien sigue teniendo el control de ese predio es la fiscalía estatal de Jalisco, por eso es importante que la Fiscalía General de la República ya tome, desde mi perspectiva, obviamente, esto tiene sus propias normatividades, la investigación profunda de este caso”.
La insistencia de la mandataria se da luego de que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informara sobre la detención ocurrida el pasado viernes en la Ciudad de México del jefe del rancho Izaguirre, José Gregorio, alias “El Lastra”, quien de mayo de 2024 a marzo de este año era el encargado de organizar el reclutamiento de personas a través de ofertas de trabajo engañosas en redes sociales para el CJNG.
Desde el 12 de marzo, cinco días después de la denuncia del hallazgo del rancho de Teuchitlán, Sheinbaum informó que había solicitado a la FGR atraer el caso y destacó la importancia de que se realizara una investigación coordinada entre las autoridades y el deslinde de responsabilidades.
Seis días después, el gobernador emecista Pablo Lemus acudió a la reunión de seguridad en Palacio Nacional donde acordó que trabajarían en coordinación tanto la fiscalía estatal con la federal.
Por su parte, al siguiente día, en conferencia del 19 de marzo, Alejandro Hertz Manero, titular de la FGR, acusó de omisiones a las autoridades municipales y estatales de Jalisco para procesar los objetos y restos hallados en el rancho de adiestramiento del CJNG.
Hasta ahora, quien sigue teniendo el control de ese predio (rancho Izaguirre) es la fiscalía estatal de Jalisco.
Gertz Manero también indicó que en el rancho de Teuchitlán sí se encontraron restos humanos e insistió que la investigación no se realizó completa durante las diligencias locales, ya que no se llevó a cabo el rastreo de indicios o huellas, pese a que el predio fue asegurado hace seis meses por la fiscalía estatal.
Consideró que no era creíble que tanto las autoridades locales y estatales desconocieran la existencia de las fosas y crematorios denunciados en redes sociales por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, desde el pasado 7 de marzo.
Además, Gertz indico que la FGR no intervino de manera inmediata a pesar de los delitos de posesión y utilización de armas de fuego por la delincuencia organizada.
Horas más tarde, por su parte, el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, afirmó que ese mismo día se entregaría oficialmente todo el expediente del caso a la Delegación de la FGR en la entidad, lo que permitirá que la investigación de los hechos ocurridos en Teuchitlán, fuera atraída por la dependencia federal.
El fiscal estatal reconoció la gravedad de las omisiones señaladas por Gertz Manero, pero enfatizó que, si bien las críticas son válidas y se están tomando en cuenta, el estado no se lavará las manos ni intentará evadir responsabilidades.
Cabe recordar que estas pesquisas iniciaron luego de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco durante una transmisión en redes sociales, el viernes 7 de marzo, denunciara la existencia de hornos clandestinos utilizados para calcinar cuerpos humanos en el rancho Izaguirre, además, mostraron prendas de ropa, maletas y objetos personales que dijeron que podrían pertenecer a las víctimas.
