El Senado de la República aprobó en fast-track la minuta que crea la nueva Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, en una sesión que evidenció la determinación del bloque oficialista para sacar adelante una de las iniciativas más sensibles del arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum. La votación —85 a favor y 36 en contra en lo general; 82 a 34 en lo particular— confirmó que la mayoría legislativa estaba preparada para avanzar sin matices y sin margen para la negociación.
La discusión en el Pleno comenzó apenas unas horas después de que la Cámara de Diputados enviara la minuta, un movimiento calculado que Morena, PT y PVEM justificaron al clasificar la reforma como de “urgente resolución”. La oposición, que buscaba aplazar el proceso mediante una moción suspensiva, denunció la maniobra como una “traición” a los campesinos, sector que advierte que la iniciativa altera de manera directa el equilibrio patrimonial de las tierras agrícolas.
La Ley General de Aguas sustituirá el marco vigente desde 1992, heredado del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y se fundamenta ahora en el artículo 4 constitucional, que reconoce el acceso al agua como un derecho humano. La administración de Sheinbaum ha presentado la reforma como un ajuste imprescindible para garantizar una distribución equitativa del recurso, fortalecer su protección, y frenar prácticas que, en su diagnóstico, han favorecido el acaparamiento y la desigualdad.
Entre los elementos centrales de la reforma destacan la creación del Registro Público de Agua Nacional, un Fondo de Reserva para comunidades sin acceso, nuevas facultades para cancelar concesiones acaparadas o sin uso, sanciones más severas contra el robo del recurso y reglas específicas para regular obras privadas de captación pluvial que han alterado ciclos hidrológicos. En su narrativa, el gobierno busca “poner orden” donde —sostiene— ha imperado la discrecionalidad.
El punto de quiebre se ubica en el campo. Productores agrícolas, especialmente en el norte del país, han advertido que la eliminación de la transmisión privada de concesiones introduce un nivel de incertidumbre que amenaza el valor mismo de sus tierras. Aunque Conagua insiste en que la herencia de derechos y la compraventa de predios seguirán permitidas, los agricultores aseguran que no existe claridad sobre cómo operarán los nuevos trámites ni cómo se garantizará la continuidad de sus derechos históricos.
Para el oficialismo, estos señalamientos forman parte de una “campaña de desinformación” impulsada por grupos que —afirma Morena— han sostenido durante años un trato privilegiado con el recurso. “Algunos ven afectados intereses favorecidos durante mucho tiempo”, declaró el legislador Efraín Morales. La presidenta Sheinbaum fue aún más directa: quienes se oponen, dijo, “tienen muchísimas concesiones de agua”, algunas sin uso o incluso irregulares.
Detrás de los discursos, la aprobación acelerada de la Ley General de Aguas deja ver un choque más profundo: el de un proyecto federal que apuesta por centralizar y reorganizar la gestión del recurso, frente a sectores productivos que temen perder certidumbre jurídica en un contexto marcado por la escasez, las sequías y la presión económica. El fast-track cumplió su objetivo político, pero abrió un frente social que difícilmente se cerrará con argumentos desde el Pleno legislativo.
La verdadera prueba llegará cuando la reforma toque tierra: en los distritos de riego, en las comunidades que dependen del agua para subsistir y en el entramado productivo del norte del país. La disputa por el agua, lejos de resolverse, acaba de entrar en una nueva fase.
