En medio de la inconformidad de productores agrícolas y ganaderos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo promulgó este jueves la Ley General de Aguas, publicada en el Diario Oficial de la Federación y programada para entrar en vigor este viernes. Con el nuevo ordenamiento, quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al marco jurídico actualizado.
El sector productivo ha expresado alarma por la centralización del control del agua, ya que la Ley establece que toda agua subterránea será propiedad de la Nación, restringe la herencia y venta de concesiones y coloca bajo estrecha supervisión los pozos, incluso aquellos ubicados en propiedades privadas. Agricultores y ganaderos temen la pérdida de patrimonio, incrementos en costos operativos, una posible criminalización de su actividad y mayor discrecionalidad en las decisiones de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
La nueva Ley fija como objetivo regular la explotación, uso, aprovechamiento, distribución y control del recurso hídrico, así como preservar su calidad y cantidad en aras del desarrollo sustentable. También obliga a la Federación, estados y municipios a coordinarse en la elaboración y evaluación de políticas públicas que garanticen el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico.
El decreto reafirma que toda persona debe gozar del derecho humano al agua, mientras que las autoridades deberán promover, respetar y proteger su cumplimiento. El Estado Mexicano queda obligado a prevenir, investigar y sancionar cualquier violación, asegurando mecanismos de reparación integrales y expeditos.
En el ámbito penal y administrativo, la Ley incorpora sanciones más severas. Establece penas de 2 a 14 años de prisión y multas de 400 a 4,000 UMA, equivalentes a 45,256 a 452,560 pesos según el valor vigente para 2025, para servidores públicos que entreguen permisos o concesiones a cambio de beneficios indebidos. Asimismo, prevé 1 a 8 años de prisión y multas de 300 a 3,000 UMA para particulares que ofrezcan dádivas a funcionarios con el fin de obtener concesiones.
La CONAGUA dispondrá de facultades ampliadas para la verificación e inspección, incluyendo el acceso a información reservada o confidencial relacionada con posibles infracciones. En caso de detectar elementos que presuman irregularidades, el organismo deberá iniciar el procedimiento administrativo sancionador correspondiente.
La entrada en vigor de esta legislación representa un cambio estructural en la política hídrica del país, abriendo un escenario de tensión con sectores productivos que consideran que el nuevo modelo pone en riesgo su estabilidad económica y jurídica.
