Bajo la bandera del constitucional «derecho de réplica», el Ejecutivo federal vuelve a colocarse en el centro del debate sobre la libertad de expresión en México. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la existencia de «listas negras» o intentos de censura gubernamental contra comunicadores críticos, argumentando que la reciente exposición de datos realizada desde la Presidencia responde únicamente al análisis técnico sobre cómo operan las redes de amplificación digital de la oposición.
Sin embargo, el argumento oficial abre interrogantes de fondo sobre el uso del aparato estatal para fiscalizar el trabajo periodístico:
La controversia detonó tras la presentación a cargo de la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, durante el espacio denominado «Derecho de réplica». En dicha exposición se identificaron con nombre y apellido 54 cuentas de analistas y periodistas —denominados «comentócratas»—, señalados como el punto de partida de campañas coordinadas mediante granjas de bots y redes afines a la derecha internacional.
Sheinbaum sostuvo que el gobierno no persigue ni censura, sino que ejerce la facultad de defenderse y contextualizar la información frente al dominio mediático y digital de sus adversarios.
Exponer listados con nombres específicos desde la tribuna del poder público rebasa la simple aclaración informativa. Si bien la fiscalización del discurso digital y el combate a la desinformación son válidos, personalizar el análisis sobre profesionales de la comunicación corre el riesgo de funcionar como un mecanismo de estigmatización que condiciona el libre ejercicio del periodismo.
