En vísperas de su gira por Tabasco, la semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a su equipo de seguridad y a la Secretaría de Gobernación memorandos sobre el estado de diversas investigaciones que involucran a personajes cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que revela tensiones internas en el movimiento gobernante (MORENA) y cuestionamientos sobre el grado de autonomía de la mandataria frente a su antecesor.
Según fuentes consultadas por el columnista Raymundo Riva Palacio, entre los expedientes solicitados se encuentran los casos vinculados a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del exmandatario; el senador Adán Augusto López Hernández; así como el de Segalmex, considerado el mayor escándalo de corrupción del sexenio anterior y encabezado por Ignacio Ovalle, excolaborador cercano del expresidente. También pidió información sobre el senador Gerardo Fernández Noroña y la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, investigada por presuntas irregularidades en el manejo de recursos de reconstrucción tras el paso del huracán Otis.
La solicitud ocurre en un contexto en el que, de acuerdo con la columna, se han acelerado las fricciones entre Sheinbaum y algunos de los principales operadores políticos de López Obrador. La presidenta habría manifestado su molestia por declaraciones recientes del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien reconoció públicamente que obtuvo la candidatura de Morena por decisión directa de López Obrador, pese a no ganar la encuesta interna del partido.
A ello se suman otros casos que, según el texto, han tensado la relación entre ambos líderes, como la operación política del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y la persistencia de negocios privados atribuidos a López Beltrán, pese a advertencias y mensajes indirectos enviados desde Palacio Nacional.
Aunque la presidenta ha negado que durante su visita a Tabasco haya previsto un encuentro con López Obrador —quien celebró su cumpleaños en Palenque acompañado de funcionarios y aliados políticos—, Riva Palacio apunta que desde octubre ambos sostienen comunicación a través de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación y enlace de confianza para ambas partes. Esa comunicación habría derivado en el freno de acciones que afectaban a Adán Augusto López.
En paralelo, la presidenta ha radicalizado su discurso público, atacando a críticos y analistas para blindarse frente a acusaciones de tolerar narcopolíticos y encubrir la corrupción heredada. El endurecimiento retórico busca contener el desgaste interno mientras evita confrontar directamente a López Obrador, cuyo peso político sigue siendo decisivo.
El diagnóstico de Riva Palacio es contundente: Sheinbaum enfrenta límites severos para ejercer su mandato frente a un expresidente que conserva poder real, operadores políticos y capacidad de presión. Si esta dinámica no cambia, advierte, México podría estar entrando en una etapa de co-gobierno de facto, donde las decisiones fundamentales se negocian en privado entre dos liderazgos y no en las instituciones públicas.
Sorpresa sería si la Presidencia o Gobernación salieran a desmentir la solicitud de expedientes o confirmaran la existencia de un mecanismo formal o informal de cogestión con López Obrador. Pero las señales de injerencia y las tensiones crecientes ya colocan a la presidenta ante su mayor dilema político: romper con la tutela del expresidente o gobernar bajo su sombra.
