La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asignó a la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán las acciones de inconstitucionalidad que han sido promovidas en contra de la primera parte del plan B de la reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El paquete de reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidad Administrativa fue impugnado por los partidos que conforman la alianza Va por México: Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como por diputados y senadores de oposición.
Ayer se publicó un acuerdo mediante el cual la presidencia de la Corte turnó las acciones de inconstitucionalidad que se interpusieron en contra de las modificaciones electorales que, entre otras cosas, permiten a funcionarios públicos emitir declaraciones y opiniones sobres los procedimientos electorales que estén en curso.
De acuerdo con el portal de noticias Latinus, el ministro Pérez Dayán conocerá este caso. En las próximas semanas analizará la procedencia de las impugnaciones y posteriormente realizará el proyecto de resolución, de acuerdo con la ley reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución.
También se le turnaron la controversial constitucional 29/2023 promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) y las que promovieron diversos municipios. “En virtud de la naturaleza e importancia de este procedimiento constitucional, se habilitan los días y horas que se requieran para llevar a cabo la notificación de este auto”, estableció el acuerdo extraordinario publicado también el jueves por la Suprema Corte.
Todas estas impugnaciones serán analizadas por el ministro Pérez Dayán “dado que en los asuntos de referencia se impugna el mismo decreto legislativo”, dicen los acuerdos publicados.
El 6 de diciembre pasado, la Cámara de Diputados rechazó la reforma constitucional del presidente López Obrador en materia electoral. Ante la previsión de ese escenario, el propio presidente había presentado días antes un paquete de reformas a leyes secundarias, llamado plan B, con el fin de modificar las estructuras del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
