Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validaron el acuerdo que dispuso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, publicado el 11 de mayo de 2020, con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó su presencia en las calles por cinco años en lo que la Guardia Nacional, creada en 2019, desarrolla su estructura y capacidades.

La Cámara de Diputados promovió una controversia constitucional 90/2020 por invadir facultades del Poder Legislativo y no cumplir con los criterios para el uso de las Fuerzas Armadas establecidos por la Suprema Corte, de que su participación sea extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada.

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El proyecto, bajo la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, se iba a analizar en la primera sala, pero el 26 de noviembre de 2021 se determinó que fuera analizado por el pleno de la SCJN.

La ministra ponente Ríos Farjat propuso en su proyecto validar el acuerdo, ya que consideró que tiene su fundamento en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional que creó a la Guardia Nacional. 

El proyecto de la ministra fue aprobado con los votos de ocho ministros, que coincidieron también que el acuerdo tiene su fundamento en la Constitución, por lo que el presidente no invadió las facultades del Poder Legislativo. 

Por su parte, los ministros Luis María Aguilar y Luis González Alcántara votaron por la invalidez del acuerdo, pues incumple con las reglas que debe seguir la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, que han establecido tanto la propia SCJN como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. 

El ministro González Alcántara Carrancá estimó que el acuerdo se realizó de manera deficiente, pues no se acotaron las facultades ni se limitó territorialmente la participación del Ejército en labores de seguridad pública.

El ministro presidente Arturo Zaldívar dijo que la reforma constitucional que creó a la Guardia Nacional tuvo como objetivo dotar a las Fuerzas Armadas de un marco normativo para su intervención en seguridad pública y lograr el regreso progresivo de los militares a sus tareas habituales. 

Con la validación por parte de la Suprema Corte del acuerdo que dispone de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, el ministro Zaldívar precisó que el máximo tribunal no está autorizando la militarización en esa materia.  “La Constitución es muy clara”, indicó.

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