Después del bochorno público provocado por la compra de camionetas de lujo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió este domingo aplicar el freno, pero no al gasto, sino al uso del vehículo.
En un comunicado difundido en redes sociales, ministras y ministros informaron que las camionetas “Jeep Cherokee blindadas, con clima y asientos de piel Palermo” -porque la justicia puede ser ciega, pero jamás incómoda- no serán utilizadas y que se iniciará el proceso para devolverlas o, en su defecto, ponerlas a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, es decir, las camionetas no eran un exceso, solo estaban en manos equivocadas.
El máximo tribunal subrayó que la decisión se tomará “con apego a la normatividad aplicable”, esa misma normatividad que permitió comprarlas en primer lugar. También reiteró su “compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo”, una frase que suele aparecer justo después de que el pueblo descubre en qué se gastaron sus recursos.
Como gesto de transparencia -otro clásico tras el escándalo- la Corte anunció que mañana ofrecerá una conferencia de prensa para “precisar la información”, lo que en lenguaje institucional suele significar explicar por qué sí, pero ya no.
La polémica por las camionetas blindadas dejó al descubierto, una vez más, la distancia entre el discurso de austeridad y la realidad motorizada de la élite judicial. Porque en la SCJN, al parecer, la justicia no solo es pronta y expedita, también es blindada, climatizada y tapizada en piel.
Ahora solo queda una duda: ¿se devuelve el vehículo… o solo la vergüenza pública?
