Agencia Reforma
El Magistrado Presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas Valdez, ha impulsado resoluciones favorables al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a Morena.
En al menos una decena de sentencias de impacto se ha inclinado la balanza en favor de la 4T durante los últimos 7 meses.
Una de ellas es la insistencia de no limitar las expresiones del Presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras durante el proceso electoral en marcha.
El 17 de febrero, en privado, la Sala Superior echó abajo las limitaciones que le impuso el INE al tabasqueño para que no hablara de temas electorales en actos públicos.
La elaboración de la sentencia sobre el caso le correspondió a la Magistrada Janine Otálora, por lo que su propuesta era mantener la restricción a López Obrador.
“El Presidente ha sido consistente en declaraciones sobre temas electorales. Se está en presencia de conductas continuas que forman parte de un posible esquema o estrategia de comunicación gubernamental cuya tendencia es la de perpetuarse en el tiempo y expandir sus efectos entre la ciudadanía en el contexto de los procesos electorales federales y locales”, advertía Otálora.
Sin embargo, Vargas y su antecesor, Felipe Fuentes, rechazaron el dictamen, y plantearon revocar la medida, al considerar que era una “imposición de medidas de no repetición”, cuando no se tenía certeza de que la conducta se repitiera. Su postura ganó con tres votos a favor y dos en contra.
Ante la polémica, el presidente del Tribunal argumentó que no era un tema definitivo y que entrarían al fondo del asunto “en las próximas semanas”, pero ya pasaron dos meses sin que esto suceda.
En dos ocasiones anteriores, el Magistrado Vargas frenó “la censura” al tabasqueño. En septiembre pasado, cuando la Sala revocó la decisión del INE para suspender la transmisión íntegra de las mañaneras en Coahuila e Hidalgo -estados que celebraron elecciones en octubre-, y en diciembre, cuando tiró la orden del INE al Presidente de abstenerse de expresiones y declaraciones electorales.
El 9 de abril, la Sala Superior resolvió devolver al INE las resoluciones sobre la cancelación de registros como candidatos a Gobernador a Félix Salgado y Raúl Morón, y aunque confirmó que habían realizado actos de precampaña, le pidió volver a analizar la sentencia.
Sin embargo, Vargas votó en contra, pues consideró que debía aprobarse mantenerles el registro porque el INE no garantizó su derecho de audiencia y violentaba su derecho a ser votados.
El 14 de enero, la Sala Superior, a propuesta de Vargas, dio marcha atrás a una decisión del propio Tribunal tomada días antes, la cual frenaba el primer promocional de Morena contra la Oposición llamado “Tumor”. El Magistrado determinó que dicho spot “hacia meras referencias informativas amparadas en el derecho a la libertad de expresión del partido”.
Un mes antes, Vargas y el equipo de comunicación del Tribunal intentaron minimizar el acuerdo que, por mayoría de votos, se aprobó para que los partidos garantizaran la paridad de género en sus candidaturas a las 15 gubernaturas.
El presidente del TEPJF -a lo largo de la sesión del 14 de diciembre- insistió en que el dictamen debía decir “en la medida de lo posible”, sin establecer obligación a los partidos, y así se resumió el acuerdo por parte de su área de comunicación social, por lo que se tuvo que aclarar en la sentencia.
Vargas también está en la mira porque con su voto e iniciativa demoró desde noviembre pasado la investigación sobre los recursos presuntamente irregulares que recibió Pío López Obrador, hermano del Presidente.
Además, su voto fue decisivo para negar en octubre el registro a México Libre, liderado por Margarita Zavala y Felipe Calderón, y también para darle vida a Fuerza Social por México, de Pedro Haces, líder sindical cercano a la 4T.
No obstante, antes de asumir la presidencia del Tribunal -noviembre pasado-, ya era criticado por impulsar fallos a favor de Morena, como perdonar una multa de 197 millones que el INE le impuso por anomalías en el fideicomiso del sismo.
Además, en agosto del 2019, respaldó al Magistrado Fuentes para castigar a los productores de la serie “Populismo en América Latina”, producción criticada por López Obrador, quien argumentó que era una campaña negra en su contra. Dos de sus compañeros consideraron en que esto implicaba una grave vulneración a la libertad de expresión y cancelaba la participación de terceros en el debate público en asuntos electorales.
