El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, suspendió de manera temporal los planes de realizar ataques aéreos en territorio mexicano en contra de los cárteles de la droga. La decisión responde a las gestiones en curso para concretar un acuerdo comercial con la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, según reveló una investigación de The New York Times.
El reporte periodístico, fundamentado en declaraciones de un funcionario estadounidense, dos fuentes mexicanas y un exintegrante del Pentágono, detalla que la relación bilateral ha mostrado señales de distensión tras un año de tensiones iniciales impulsadas por la agenda fronteriza de Washington, en contraste con el deterioro en los vínculos comerciales entre Estados Unidos y Canadá.
Discursos de presión y contexto internacional
La pausa en las acciones militares se da a conocer días después de que el mandatario estadounidense emitiera severos señalamientos contra el Estado mexicano desde la tribuna de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Durante su participación en la Asamblea General, Trump calificó a México como el “epicentro” del narcotráfico y exigió recuperar el control territorial frente al dominio de las estructuras criminales.
Por su parte, el gobierno mexicano mantiene una estrategia enfocada en la contención del tráfico de fentanilo y la cooperación bilateral para evitar intervenciones unilaterales, en un escenario donde la presión diplomática se mantiene activa a través de diversas instancias de negociación en Nueva York.
Designación terrorista y presión regional
Paralelamente, la administración estadounidense ha catalogado a 21 organizaciones criminales en América Latina y el Caribe como grupos terroristas extranjeros. Dentro de esta lista, México concentra la mayor cantidad de designaciones con ocho agrupaciones, entre las que destacan el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La estrategia de seguridad de Washington, respaldada recientemente por giras diplomáticas del secretario de Estado Marco Rubio por la región andina, mantiene bajo escrutinio las operaciones de los cárteles transnacionales y su infraestructura financiera y logística a lo largo del continente.
