A más de dos semanas de manifestaciones masivas en Colombia, el “espacio” de diálogo propuesto por el presidente Iván Duque aún no ha podido instalarse. Los convocantes del Comité Nacional de Paro han presentado un pliego de peticiones, que será sometido a la evaluación del Ejecutivo, cuya vocería mantiene el levantamiento de los bloqueos de vía como una exigencia para sentarse a conversar.

Sin embargo, la situación parece lejos de iniciar un proceso de desescalada. La muerte de una persona la madrugada de este lunes, en la localidad de Yumbo, en Cali, así como las crecientes denuncias de presuntos abusos sexuales de las fuerzas de orden público en contra de los manifestantes, no han hecho más que avivar los llamados a la protesta. El próximo 19 de mayo hay otra convocatoria masiva.

Este lunes se retomarán las conversaciones entre ambos sectores, pero ya hay analistas que empiezan a notar señales de que la coyuntura empieza a sobrepasar a la gestión de Duque y hasta su propio partido, el conservador Centro Democrático, ha tomado distancia de las posturas del mandatario. ¿Y ahora qué?

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Bloqueos y violencia policial

Duque, que en poco más de dos semanas ha tenido que echar para atrás su reforma tributaria y perdido a dos ministros (el extitular Hacienda Alberto Carrasquilla y la excanciller Claudia Blum), sigue empeñado en solicitar el levantamiento de los bloqueos viales en las ciudades para sentarse a negociar. La razón de esa petición es que la obstrucción de vías genera un efecto que se evidencia en anaqueles vacíos, fallas en el abastecimiento de rubros de primera necesidad y la constatación del poder que tienen los convocantes para presionar con acciones de fuerza.

“Tenemos todos la capacidad de actuar y decir ‘sí a la posibilidad de construir acuerdos, claro que sí’, pero no con la vía de hecho, no con la amenaza, no con la afectación de los derechos de toda una nación”, dijo Duque la noche del domingo, en una reunión con los gobernadores del Eje Cafetero y Valle, ya que no asistió al encuentro con el Comité de Paro.

Duque considera que los bloqueos solo han mantenido a la sociedad “secuestrada”, a pesar de que la Defensoría ha acordado abrir “corredores humanitarios” con los manifestantes para permitir el paso de alimentos, medicinas y rubros de primera necesidad. Para el mandatario colombiano, “legitimar” la implantación de estas medidas en medio de la protesta es “relativizar” los derechos de la población.

Por otro lado, las denuncias de los manifestantes por los excesos de la fuerza pública también ponen a Duque contra las cuerdas. Aunque la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Iglesia acompañan los espacios de diálogo, que no terminan de arrancar, organizaciones de derechos humanos han alzado su voz para visibilizar el nivel de violencia con el que actúan los agentes: más de 40 muertes, cientos de heridos, decenas de denuncias de presunto abuso sexual y más de 500 personas desaparecidas son la evidencia más palpable.

La ONG Temblores, una de las más activas para documentar los actos de brutalidad de la fuerza pública y las denuncias de los manifestantes, insiste en asegurar que hay un “incremento en la violencia policial” que no solo requiere acciones puntuales, sino una reforma estructural en las instituciones de orden público.

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