El Congreso mexicano se ha retrasado más de ocho años en la emisión de una Ley General de Aguas, como lo dispuso la publicación de una reforma al artículo cuarto de la Constitución que garantizó el derecho humano al agua en la nación latinoamericana.

Así como el Poder Legislativo incumplió en febrero de 2012 con su obligación de emitir una nueva ley en un plazo de 360 días, el derecho de los mexicanos para acceder al agua es, en los hechos, una frase textual que se mantiene ajena a la realidad de millones de personas.

Aunque los recursos naturales sobran en el territorio, 8.4 millones de hogares tienen un acceso limitado al agua. Estas familias mexicanas pueden hacer uso de este derecho humano cada tres, siete días o “de vez en cuando”. Además, más de 400,000 viviendas dependen de una llave de uso público, mientras que 1,606,301 domicilios se abastecen del agua de camiones cisterna o extrayéndola directamente de pozos, ríos, lagos, arroyos, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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Las causas de la crisis hídrica

Para Pedro Moctezuma Barragán, coordinador del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Ley de Aguas Nacionales actual —que entró en vigor en 1992 durante el gobierno neoliberal de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)— privilegió a los intereses privados y provocó el descuido de la gestión de este líquido vital.

Esta política privatizadora tuvo como resultado sequías, carencias en el acceso al agua y una sobreexplotación de los recursos que vemos hoy en día. En suma, una verdadera crisis hídrica con resultados tan desastrosos como los casos de muertes por deshidratación registradas en la Sierra Tarahumara; o enfermedades, como el cáncer, que son generadas por beber aguas contaminadas.

Las últimas dos semanas de agosto, mientras los huracanes Grace y Nora entraban por las costas de México, 145 municipios presentaban sequía y otros 320 estaban anormalmente “secos”, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Además, de los 653 acuíferos que hay en el territorio, 157 están sobreexplotados, es decir, que la extracción del agua excede a la recarga en un 10 %, según los datos más recientes de Conagua.

Es en este contexto que Moctezuma Barragán ha expuesto las principales razones que explican la particular crisis hídrica que vive México.

Una distribución inequitativa del agua.

La imposición de megaproyectos hidráulicos, como presas, trasvases, pozos ultraprofundos, desalinizadoras y acueductos.

El florecimiento de la megaminería que envenena la tierra, ríos, acuíferos.

Los permisos de fracturación hidráulica —’fracking’— para la extracción de hidrocarburos no convencionales, que tienen repercusiones en la disponibilidad de agua y en la contaminación del subsuelo.

La priorización de la agroexportación en gran escala. Estas grandes empresas obtienen subsidios, venden sus concesiones, controlan distritos de riego, despojan a pequeños ejidatarios y sobreexplotan los acuíferos.

El auge de grandes embotelladoras y cerveceras que, en muchos casos, terminan pagando “precios irrisorios” por metro cúbico de agua.

“Hay problemas graves de distribución, no se ha invertido en infraestructura y lo que se ha invertido ha sido para favorecer megaobras, de las cuales hacen grandes negocios las transnacionales”, dice Moctezuma Barragán en entrevista con RT.
Concesiones privadas

El doctor en Planeación y Desarrollo por la Facultad de Ciencias Sociales y Ambientales de la Universidad de Liverpool da como ejemplo el número de concesiones de agua otorgadas en los últimos 29 años.

“En 1992, en que se aprobó la Ley de Aguas Nacionales, había poco más de 2,000 concesiones. En cambio, de 1992 a la fecha, ya se han subido de una manera trepidante hasta las 550,000 concesiones”, refiere Moctezuma Barragán.

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