Del 4 de junio al 7 de febrero se han registrado 50 casos de violencia electoral, de los cuales, 33 corresponden a personas asesinadas, 11 a atentados, dos a casos de amenazas y cuatro a secuestros, delitos cometidos contra aspirantes, precandidatos, candidatos electos, funcionarios públicos, dirigentes partidistas y militantes, reportó el Laboratorio Electoral, indicando además que nueve de estos delitos se presentaron en enero de este año.
El informe no contempla el asesinato ocurrido este viernes del secretario del ayuntamiento de Villa de Álvarez, Colima, Alfredo Chávez González, quien fue acribillado mientras hacía ejercicio en un parque. Sin embargo, el Laboratorio analizará si lo incluye en su próximo informe en caso de tener algún vínculo con el actual proceso electoral.
El primer informe “Violencia electoral proceso 2023-2024” destacó que en dicho periodo, de las 33 personas asesinadas vinculadas a actividades político-electorales, 16 eran aspirantes a una candidatura, y, en promedio, más de tres personas relacionadas al proceso electoral han sido asesinadas por mes.
También mencionó que 28 de las 33 personas asesinadas tenían alguna filiación partidista: 11 a Morena; cuatro al PAN; cuatro al PRI; cuatro al PRD; tres a Movimiento Ciudadano y dos al PVEM.
En tanto, por género, de las 33 víctimas mortales registradas, 28 (84.8%) se identificaban como hombres y cinco (15.2%) como mujeres.
Cabe destacar que el 11 de enero de este año fue asesinada Míriam Ríos, comisionada de Movimiento Ciudadano en Jacoma, Michoacán, y era coordinadora del movimiento LGBT+ en el municipio. Asimismo, el 15 de enero fue asesinada Samantha Gómez, precandidata de Morena al Senado de la República por Morena. Ambas eran mujeres transexuales.
El informe mencionó que la violencia se presentó mayoritariamente en las etapas previas a la definición de precandidaturas entre julio y enero, y que mientras en el 2018 el PRI fue el partido con el mayor número de víctimas electorales mortales, entre 2021 y 2024 Morena ha registrado la mayor cantidad de víctimas; a pesar de su reducido tamaño, el PRD ha mantenido una tendencia en el número de víctimas mortales de violencia desde 2018.
Según el informe, los 33 asesinatos por violencia electoral se han registrado en 13 de las 32 entidades federativas, siendo Guerrero (8) la entidad con mayor incidencia, seguido de Veracruz (5), Michoacán (5), Chiapas, Estado de México, Guanajuato y Puebla; además de un caso registrado por entidad en Chihuahua; Ciudad de México, Colima, Jalisco, Morelos y Zacatecas.
“Al igual que en 2018 y 2021, en el ámbito municipal es donde se presenta la mayor cantidad de casos de aspirantes asesinados”, estableció.
El documento precisó que los crímenes contra políticos y funcionarios han ocurrido mayormente en julio del 2023 con seis casos, y enero de este año con nueve episodios.
Indicó que esa temporalidad coincidió con el proceso de selección de las precandidaturas en Morena y el entonces Frente Amplio por México en sus procesos políticos inéditos y, también, con la conclusión de las precampañas y la definición de las candidaturas por parte de los partidos políticos (enero), “comprobando una tendencia que se dio en procesos electorales pasados que relaciona los tiempos de definición de candidaturas con picos de violencia”.
Estableció que “el 81.25% de las y los aspirantes asesinados perdieron la vida en entidades gobernadas por Morena, aunque es importante mencionar que este partido gobierna 21 de las 32 entidades federativas. Sin embargo, aunque los decesos se presentaron mayoritariamente en entidades gobernadas por una corriente política, llama la atención el caso de los municipios de Zitlala, Cuautla, Villa del Carbón, Chilapa, Maravatío, Chiautla y Mascota, que son gobernados por una fuerza política diferente a la gubernatura”.
Finalmente, Arturo Espinosa, integrante de Laboratorio Electoral, refirió que en el informe también se precisaron 41 casos de violencia política no electoral (funcionarios en activo, antiguos aspirantes, entre otros), “porque si bien se dieron en el contexto del proceso, y parece que hay algunos vínculos cercanos a los temas electorales no hay una clara intención de participar en el proceso, o hasta ahorita no se ha advertido que fueran a buscar la reelección o algún cargo de elección popular”.
