Agencia Reforma
En la montaña de Guerrero, las niñas tienen precio, en una especie de esclavitud en pleno Siglo 21.
Pagan por niñas a partir de los 9 años desde 40 mil hasta 200 mil pesos o, incluso, pagan con ganado o cerveza, una práctica atribuida a “usos y costumbres” de las comunidades frente a la que autoridades permanecen apáticas.
REFORMA entrevistó a diversas mujeres indígenas, quienes corroboraron el uso de esta práctica a través de su propia vivencia.
“Te ponen un precio y así te venden sin preguntar, sin avisar”, relató Julia, una mujer indígena que fue vendida por su abuelo a los 13 años.
“No tienes opción de decir que no”.
Se estima que 300 mil niñas han sido vendidas para matrimonio en Guerrero, pero no existen cifras exactas, ya que la mayoría de estas uniones no se registran, dijo Martha Givaudan, presidenta de la organización no gubernamental “Yo quiero Yo puedo”, que trabaja en el municipio de Metlatónoc.
El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dice apoyar al pueblo indígena, no ha tomando medidas para frenar esta práctica, a pesar de que viola la ley federal.
“Nadie en el pueblo nos ayuda, ni el municipio, ni el Estado, ni el Gobierno federal”, afirmó Julia, quien logró escapar después de que su esposo la golpeara durante años.
“Dizque los usos y costumbres protegen, pero en realidad permiten el abuso de las niñas y mujeres”.
Mariana también fue vendida en su niñez y narró una historia similar.
“En nuestros pueblos no llegan los programas sociales”, afirmó, “y menos para ayudar a la mujer.
“De hecho, antes el programa ‘Prospera’ ayudaba algo, pero en los últimos años no llegan recursos ni programas para esto”, continuó. “Muchas niñas están sufriendo”.
Mariana cuestionó por qué las autoridades permiten estos abusos.
“Hay tráfico de drogas y armas en los pueblos aunque esto no es parte de los usos y costumbres indígenas.
“¿Por qué las autoridades permiten que siga la venta de niñas como si fueran animales, amparándose en los usos y costumbres?”, expresó.
“¿Entran las drogas y no los derechos humanos básicos?”.
Otra víctima de esta práctica, Ana, reclamó también el rol de los militares en sus comunidades.
“Los militares que llegan al pueblo, ¿por qué no nos defienden?”, dijo Ana. “Al contrario, ellos se aprovechan de nosotros también y nos hacen daño”.
Además de ser vendidas, las niñas frecuentemente tienen que trabajar para la familia que pagó por ellas, para “recuperar” la deuda por su compra, lo que lo hace “una doble esclavitud”, aseguró Givaudan.
“Puede ser que un señor decide comprar una niña o que la adquiera para su hijo, es para que alguien tenga una mujer”, describió.
“Aquí, además de la explotación sexual que eso implica, también tiene que ver con que la mujer va a trabajar en la casa, va a hacer las tortillas, la comida, y va a salir a sembrar, tener hijos”, abundó la presidenta de la ONG.
“Todo el rol tradicional se le está imponiendo a una niña cuando ella debería de estar en la escuela”.
Givaudan también relató el grave problema del embarazo de las niñas compradas.
“Los problemas asociados con el embarazo se dan ni siquiera en la adolescencia, sino en la pubertad”, explicó, “con las consecuencias de salud que esto tiene, al grado que se pone en riesgo la vida de las niñas, quienes se convierten en madres prematuras con bebés de alto riesgo.
“Así se perpetúa este ciclo de violencia y pobreza”.
El Estado de Guerrero ocupa el segundo lugar en embarazos de adolescentes.
En esta entidad ocurren dos de cada 10 nacimientos de bebés cuyas madres tienen menos de 19 años.
“No solamente es un problema de género, sino de derechos, de pobreza, de salud, que implica una serie de acciones que se tienen que contrarrestar”, expresó Givaudan.
