El vicealmirante Manuel Roberto Farías, actualmente recluido por presuntos delitos vinculados al contrabando de hidrocarburos, remitió una octava carta manuscrita a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para requerir su intervención en el proceso penal que enfrenta.
La existencia del documento fue difundida este lunes en redes sociales por el periodista Luis Cárdenas, quien expuso que el exmando naval insiste en la revisión de su expediente.
En el texto, el procesado argumenta que la acusación en la causa penal 325/2025 por delincuencia organizada se fundamenta en un video de una plataforma digital y en testimonios de un testigo colaborador.
“A diez meses privado de mi libertad […] se me acusa que a través de los cargos que he desempeñado dentro de la Secretaría de Marina, me permitieron proponer y validar mediante visto bueno las propuestas de personal para Aduanas Marítimas y la Agencia Nacional de Aduanas […] y como único medio de prueba un video anónimo de YouTube, sin cadena de custodia ni metadatos”, señala el escrito.
Asimismo, Manuel Roberto denunció que la Unidad de Inteligencia Naval ejerció presiones sobre personal de la Secretaría de Marina (Semar) para obtener declaraciones en su contra, y afirmó que se le ha negado el acceso a dichas entrevistas bajo el argumento de Seguridad Nacional.
El exmando naval expuso en la misiva que las menciones de su caso en la conferencia de prensa presidencial afectan el desarrollo de su juicio y su derecho a la defensa.
El interno afirma que la mandataria federal cuenta con información incorrecta sobre los hechos y sostiene que las declaraciones públicas generan un efecto adverso en las autoridades judiciales y vulneran la presunción de inocencia, por lo que solicita condiciones para defenderse conforme a derecho frente a los señalamientos de la fiscalía.
En declaraciones previas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la recepción de los documentos anteriores remitidos por el exmarino. La mandataria ha manifestado que el caso se encuentra bajo la jurisdicción de la Fiscalía General de la República (FGR), institución a la cual se canalizaron los escritos para los efectos legales correspondientes.
Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha emitido un pronunciamiento específico respecto a este octavo documento.
