Agencia Reforma
Pese a pactar una reparación del daño por 219 millones de dólares con Pemex, un juez federal resolvió que Alonso Ancira debe continuar preso hasta que sea entregado el acuerdo resarcitorio debidamente aprobado por la empresa productiva del Estado.
Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, determinó que en el momento que le entreguen ese acuerdo suscrito por los directivos, fijará fecha y hora de una nueva audiencia para modificar la medida cautelar y eventualmente darle la libertad.
La defensa reveló en el último tramo de la audiencia que desde el sábado pasado el Consejo de Administración de Pemex ya aceptó el acuerdo reparatorio y por ello solicitaban la modificación de la medida cautelar.
Pero el juez señaló que no se habían modificado las condiciones por las cuales el pasado jueves dictó la prisión preventiva justificada, razón por la que reiteró la imposición de esta medida que mantendrá por ahora al empresario en el Reclusorio Norte.
Al salir de la audiencia, que inició a la 10:45 horas del martes y concluyó a las 01:12 horas de este miércoles, el abogado José Luis Castañeda estimó que su cliente quedará en libertad a más tardar en 3 días.
En este plazo, explicó, se llevarán a cabo todos los trámites para que los mandos indicados de Pemex firmen el acuerdo reparatorio y luego la defensa solicite una nueva audiencia para sustituir la medida cautelar.
“Esperamos que antes del fin de semana el señor Ancira ya se encuentre en libertad”, dijo.
El litigante aceptó que el hecho de que el empresario vaya a conseguir su libertad en esta semana no significa que la Fiscalía General de la República vaya a desistirse de la acción penal en lo inmediato.
De hecho, precisó que la Fiscalía no va a retirar la imputación sino hasta que sea cubierto el acuerdo reparatorio de 219 millones de dólares.
El juez Zúñiga vinculó a proceso a Ancira por lavado de dinero, derivado de un supuesto soborno de 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya para que la empresa productiva del Estado comprara a AHMSA la planta “chatarra” de Agronitrogenados en 2013.
El juez estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria, mismo en que la partes reunirán sus datos de prueba.
