El presidente Andrés Manuel López Obrador utiliza su nombre e imagen en la entrega de programas sociales con el propósito de ir creando una base electoral para Morena, afirmó Rubén Aguilar Valenzuela.
En entrevista, el exvocero presidencial y experto en comunicación política explicó que lo primero que debe de quedar claro es que se trata de una ilegalidad y, por lo tanto, debe ser sancionado por la autoridad electoral.
El académico expuso que es una estrategia que se basa en la imagen del presidente con la lógica de garantizar, por la vía de “te doy una dádiva”.
“Entonces provoco la respuesta en votos de agradecimiento, pero, al mismo tiempo, voy construyendo una base de un neopartido de masas tipo PRI”.
Dijo que, si bien se trata de un esquema ilegal, para el presidente resulta eficaz, “por eso se la juega”, sabiendo que está violando la ley, aunque destacó que López Obrador no es un hombre particularmente respetuoso con el marco legal y lo ha demostrado de muchas maneras, incluso haciendo público que la ley no lo es todo o que en ciertos casos hay cosas superiores al respeto de las leyes.
“Entonces, estamos ante una lógica perversa que sólo busca rentabilidad político-electoral violentando la ley”, aseguró.
Es propaganda electoral desde ya. El presidente trata no sólo que lo validen; desde el presupuesto está construyendo para esa lógica porque tiene presente que en el 2018 el elemento central fue él. La gente no sabe por quién votó para diputado o senador, de eso no tiene la menor idea, sabe que votó por el presidente, insistió.
Dijo que es por ello que López Obrador no plantea una lógica de gobierno institucional, donde sea la secretaría la que reparta los beneficios de políticas públicas, sino que quieren dejar claro que “yo (AMLO) soy un hombre bueno y te apoyo, me solidarizo contigo y tú respóndeme de la misma manera, vota por mí y por los míos”.
Ni los gobernadores se atreven a alzar la voz
El académico comentó que el razonamiento de los funcionarios del gobierno es que de las 34 millones de familias que hay en el país, para el 2021 al menos la mitad deberá tener al menos un miembro que goce de los apoyos de programas sociales entregados con la consigna de que López Obrador es quien lo está beneficiando derectamente.
Sin embargo, detalló que hasta ahora no se puede saber si esa meta se va a cumplir o no, porque no se han hecho públicos los datos sobre la cobertura de los programas sociales.
Indicó que, si bien se trata de una ilegalidad, pues los programas sociales deben entregarse sin adjudicarse a la voluntad o generosidad de algún funcionario, ni siquiera los gobernadores se atreven a alzar la voz contra el presidente.
Lo único que hacen es procurar que los llamados Servidores de la Nación puedan trabajar con seguridad en las comunidades donde se presentan y ya, agregó.
Eso ocurre porque los mandatarios estatales tienen miedo de que, si reclaman, el presidente pueda reaccionar “cerrándoles la llave del presupuesto”, lo cual los colocaría en una situación particularmente difícil ante sus gobernados.
Por otra parte, destacó que este tipo de prácticas es común en el mundo. Mencionó que al menos en una veintena de países los presidentes concentran el poder y utilizan los programas sociales para hacerse propaganda.
Así lo hace Jair Bolsonaro en Brasil, Evo Morales en Bolivia y varios más, tanto de derecha como de izquierda. Sin embargo, mencionó que en determinado momento puede revertirse, pero en todo caso, como ocurrió con otros presidentes, tarda mucho en abollarse la imagen presidencial. Pero en algún momento ocurrió, y fue porque no pudieron seguir impulsando la dádiva social al quedarse sin recursos para mantenerla.
