El presidente de Argentina, Javier Milei, publicó un decreto que prohíbe la renovación de las y los trabajadores públicos que hayan sido contratados en 2023.
La decisión forma parte del programa de ajuste con el que el mandatario pretende achicar de manera drástica el gasto estatal en el país sudamericano.
De acuerdo con datos del diario La Nación, esto implicaría el despido de 7.000 personas que comenzaron a trabajar este año en el Estado.
El decreto 84/2023, que fue publicado en el Boletín Oficial, establece que las contrataciones del personal para la prestación de servicios efectuadas a partir del 1 de enero de 2023 no serán renovadas, además de que también se revisarán miles de contratos previos a esta fecha.
“Instrúyase a las autoridades competentes de cada jurisdicción (…) a que, en el plazo establecido en el artículo precedente, realicen un relevamiento exhaustivo del personal contratado cuya fecha de ingreso a la Administración sea previa al 1° de enero de 2023 con el fin de evaluar la renovación de las contrataciones mencionadas precedentemente”, señaló.
En caso de que las autoridades decidan renovar determinados contratos, agregó, deberán fundar la decisión demostrando la necesidad de sostener dichos puestos de trabajo.
Excepciones
El decreto exceptúa del recorte las contrataciones derivadas de cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales. En este caso, por ejemplo, se incluiría el cupo laboral para personas trans previsto por ley.
Además, quedan protegidos los trabajadores que hayan ingresado al Estado antes del 1 de enero de 2023 y cambiado su modalidad de contratación, así como quienes, según el criterio de los titulares de cada entidad, realicen labores indispensables para el funcionamiento de cada jurisdicción, de manera restrictiva y fundada, y su continuidad sea necesaria “por razones impostergables de funcionamiento”.
En sus justificaciones, el documento oficial recuerda que el recorte se toma con base en el Decreto de Necesidad y Urgencia que modificó la estructura nacional y redujo de 18 a ocho el número de ministerios.
“Se efectuó una reestructuración orgánica con la finalidad de optimizar recursos, lo que obliga a revisar todas aquellas contrataciones (…) la presente medida se condice con aquellos objetivos y a los fines de lograr un mejor funcionamiento de la Administración Pública”, afirmó.
