Luis Sayago Guerrero
Xalapa.- El Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, al detectar que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) no reportaba ninguna irregularidad en Veracruz, dejó de suministrarle recursos en apoyo a las actividades de fiscalización contempladas en la ley.
Esa determinación se tomó después de verificar la ineficiencia de la “alta directiva” de esa institución en el estado, a pesar del abultado número de denuncias ciudadanas, de las que hicieron algunos actores políticos, y de aquellas que surgieron en las últimas revisiones a las dependencias y entidades de la administración pública veracruzana.
Por ejemplo, el último suministro de recursos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2015, para revisar las aportaciones y participaciones federales del año 2014, fue de 6 millones 128 mil pesos. Sin embargo, incumpliendo con su compromiso, el auditor general Lorenzo Portilla Vázquez y el ORFIS, en lugar de rendir cuentas del gasto federalizado, continuaron protegiendo a Javier Duarte de Ochoa y su red de cómplices.
Ante esta opacidad mostrada, Juan Manuel Portal, Auditor Superior, tuvo que revelar irregularidades de poco más de 35 mil millones de pesos en enero de 2016, que lo obligaron a decir que Javier Duarte merecía la cárcel. Por su parte, Miguel Ángel Yunes, gobernador electo del estado, antes, durante y después de su campaña política ha hablado de estos casos indistintamente. De igual forma, la investigación realizada por Animal Político destapó la cloaca de la corrupción en las empresas fantasma, que hoy tiene a un paso de la prisión al prófugo Javier Duarte. EL ORFIS actuó de última hora ante tanta presión en estos temas, pero su negligencia y encubrimiento para nadie es sorpresa.
Y es que los poco más de 6 millones de pesos recibidos, estaban destinados a cubrir los gastos de auditoria a las dependencias del Gobierno de Veracruz para verificar el uso de los recursos públicos federales durante el año 2014. Con todo y ese apoyo de la ASF, el organismo de fiscalización estatal, fue incapaz de detectar las empresas fantasmas y el desvío de recursos acumulado por más de 35 mil millones de pesos.
Por esa razón, la ASF dejó de enviar recursos al ORFIS para el pago de auditorías. De esa forma, se presume que el dinero fue destinado al pago de despachos contables encubridores de Lorenzo Portilla Vázquez e incluso de prestadores de servicios fantasmas (también se habla e investigan a prestanombres que laboran dentro de la institución), cuyo único objetivo es cobrar dinero y expedir constancias del buen uso de los recursos públicos.
Veracruz fue una de las entidades con mayores apoyos financieros, por parte de la Federación, para precisamente fiscalizar el manejo de los recursos federales, pero en el caso del ORFIS, a pesar de tener este ingreso adicional, no lo aprovechó para consignar las irregularidades cometidas en dependencias como la Secretaría de Educación (SEV), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) o la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDARPA).
Tampoco detectó las anomalías en la Secretaría de Salud o en la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, donde existen obras pagadas y nunca realizadas, y que el ORFIS fue incapaz de detectar.
Según la información de la propia institución, los 6 millones 128 mil pesos fueron empleados de la siguiente manera: 2 millones 983 mil 100 pesos para la contratación de personal (que no detalla de qué tipo, si contadores, ingenieros o simplemente asesores); 919 mil pesos en la adquisición o arrendamiento de equipo de cómputo, software y mantenimiento de dichos bienes.
De los recursos enviados por la ASF, Lorenzo Portilla reportó 422 mil 400 pesos en “gastos de administración”, alrededor del 8 por ciento de los dineros que le presupuestaron para fiscalizar el gasto federal. Más bien, podría decirse que para “administrar la opacidad y simulación”.
También gastó casi un millón de pesos en capacitación a funcionarios estatales y municipales para evitar irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Tampoco este aspecto fue notoriamente cumplido, al ser Veracruz la entidad con el mayor número de irregularidades. En este caso, existen evidencias de que la política de capacitación implementada por el órgano inspector fue un fracaso, debido a que las observaciones y anomalías de todos los entes fiscalizables no disminuyeron, por el contrario, aumentaron en número y montos económicos.
El ORFIS utilizó 670 mil 300 pesos en la adquisición de vehículos y arrendamiento de transporte de personal, combustibles, lubricantes, mantenimiento, tenencias, derechos, seguros y reparaciones.
Lo que se percibe al final de cuentas, es que el dinero que pasó por manos del ORFIS, simplemente sirvió para hacer un enjuague de toda la suciedad que hay en el Gobierno de Veracruz y de paso engordar un cochinito.
