El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por votación de apenas 280 a favor, de manera unánime, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Mejora Regulatoria y se ajustan disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Al presentar el proyecto que será enviado al Senado de la República, el presidente de la Comisión de Economía de San Lázaro, Jorge Dávila, enfatizó que la reforma representa un parteaguas que simplificará en un solo catálogo regulatorio a nivel nacional, los trámites a cumplir para emprender negocios y actividades económicas.
La norma, agregó el diputado priísta Fernando Uriarte, es una verdadera reforma estructural que de manera “silenciosa” y sin estridencias, generará beneficios tangibles para la economía nacional a corto y mediano plazo.
Los congresistas indicaron que la Ley obligará a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a implementar políticas públicas en materia de mejora regulatoria, a fin de simplificar trámites y servicios; cumplir con el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria; e implementar instrumentos y herramientas con ese mismo propósito.
Puntualizaron que la mejora regulatoria será “inaplicable” en materia fiscal, referente a contribuciones y accesorios derivados de responsabilidades de servidores públicos, Ministerios Públicos en ejercicio de sus funciones; y en lo referente a actos, procedimientos o resoluciones de las secretarías de Defensa y Marina.
Enfatizaron que generará seguridad jurídica con buenas prácticas en la materia, favorecerá el cumplimiento de requisitos; habrá normas claras, trámites simples, procedimientos transparentes y predecibles; aunado a que fomentará la coordinación entre autoridades.
De igual modo, establece la creación del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios; facilitará la apertura y realización de negocios; y en suma el crecimiento económico del país.
Apuntaron que generará más oportunidades de desarrollo económico, suprimirá cargas excesivas y garantizará el cumplimiento de reglas claras.
Los congresistas aprobaron hacer un agregado al dictamen, para establecer que los sujetos obligados a cumplir y aplicar la ley, no podrán fijar requisitos abiertos adicionales ni solicitar a los ciudadanos que presenten documentos y datos que ya tengan en su poder.
En el debate, legisladores de todos los partidos destacaron las ventajas de la Ley que cerrará espacios a la corrupción, favorecerá los proyectos de emprendedores y permitirá reducir las 150 mil regulaciones y más de 130 mil trámites que actualmente aplican en el país.
Recalcaron que el costo de la tramitología asciende cada año en México, a 310 mil millones de pesos, equivalentes a más de dos puntos porcentuales del PIB.
Es por mucho la reforma de mayor trascendencia en el marco económico y administrativo de los últimos años, aunado a que servirá como incentivo económico de inversión a corto plazo, generará más crecimiento, propiciará oportunidades de negocio, simplificación administrativa y menos trámites.
“Esta ley está diseñada para reducir trámites, para bajar costos, para incentivar la productividad, para fomentar la participación ciudadana, para que el día a día sea más amable. Esta, es una buena ley. Yo diría que es una auténtica reforma estructural, pero silenciosa, sin estridencias”, remarcó el diputado Uriarte.
