La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, aprobó en votación económica, opinión positiva sobre las reformas a la Ley General de Salud en materia de interrupción legal del embarazo, salud sexual y reproductiva, propuestas por la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Las adiciones a la norma establecen que el personal médico y de enfermería del Sistema Nacional de Salud, podrá ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de los servicios que establece la ley.

Añade que las instituciones públicas de atención médica, deberán contar en todo momento con personal no objetor de conciencia.

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Agrega el capítulo VI Bis, “De la Interrupción Legal del Embarazo”, el cual establece que la Secretaría de Salud reconocerá y garantizará el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, incluida la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación en los supuestos permitidos por la ley, en condiciones de calidad, cuando la mujer lo solicite; y también se le proporcionarán servicios de consejería médica y social.

Legal del Embarazo. La Secretaría de Salud por medio de personal capacitado para tales efectos, deberán proceder a la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas y en aquellos otros supuestos permitidos por la ley, en condiciones de calidad, cuando la mujer interesada así lo solicite. Para tales efectos, a solicitud de la interesada, la Secretaría de Salud proporcionará servicios de consejería médica y social con información veraz y oportuna.

Al pronunciarse en contra, legisladoras del Partido Acción Nacional (PAN) y de Encuentro Social (PES), afirmaron que apoyar la moción, es estar contra el derecho a la vida y literalmente avalar el asesinato de no nacidos.

“El primer derecho a la persona es el derecho a la vida. En Acción Nacional estamos a favor de la vida desde la concepción y por consecuencia nos manifestamos por su protección y su defensa, por lo que no estamos a favor de esta opinión. Consideramos que lo que realmente nos debe ocupar a todas y a todos, es trabajar y legislar en la prevención de embarazos en adolescentes y los no deseados”, dijo la diputada panista Verónica Sobrado.

“Salvo su mejor opinión, debemos promover el respeto a la vida, la dignidad y protección de los derechos humanos. Yo no conozco a nadie que defienda la muerte asistida y tampoco creo que debamos usar eufemismos para señalar lo que sucede en la realidad. En nuestro país el aborto es la muerte de un ser vivo, constituye una intención de acabar con una vida humana”, añadió la diputada del PES, Adriana Teissier.

En defensa del ordenamiento, legisladoras de la mayoría y la izquierda, afirmaron que nadie se opone al derecho a la vida, sino que se respalda el derecho de la mujer a decidir sobre su sexualidad, su cuerpo y su futuro.

Es una cuestión de derechos y salud pública, argumentaron.

“Estamos hablando de que es una política pública y que es una obligación del gobierno, es una obligación del estado de dar esta atención. Nadie está siendo obligada u obligado a participar en esto, simplemente es la obligación que el Estado tiene de garantizar la salud de quien quiera hacerlo. No hay un debate entre la vida y la muerte, no creemos que esa sea la parte fundamental de esto”, apuntó la diputada morenista, Paola González.

El único diputado asistente a la reunión, el integrante del PES, Ernesto Vargas, también conocido como Ernesto D’Alessio, intentó ser respetuoso y correcto con el lenguaje y dio referencias “científicas” para señalar que cuando un espermatozoide y un óvulo se unen, de inmediato se forma una vida.

En consecuencia, el aborto es un asesinato al que de manera eufemística se llama “interrupción del embarazo”, dijo.

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