La bancada del PAN en el congreso de la Ciudad de México busca endurecer las sanciones en contra de funcionarios que filtren o hagan uso indebido de datos personales durante procedimientos e investigaciones en curso.
En tribuna, la diputada del PAN, Patricia Báez Guerrero explicó que la iniciativa establece penas que van de dos a ocho años de presión al servidor público que difunda datos personales o información relativa a alguna indagatoria.
Detalló que para establecer estas sanciones es necesario reformar el artículo 299 del código penal capitalino que garantiza que la información de víctimas, imputados y testigos dentro de una investigación sea resguarda bajo los principios de privacidad.
La congresista confió en que se podrán evitar casos en donde las víctimas sufren de intimidación, escarnio y demerito de su imagen por difusión indebida de información, la cual debe ser resguardada y mantenida en secrecía, conforme a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Agregó que otra finalidad es establecer los procedimientos que deberán hacer las autoridades para garantizar el resguardo de la información personal en los expedientes judiciales y de manera especial, señaló, se dispone qué tipo de información pueda ser recabada por el sujeto obligado en casos de indagatorias e investigaciones ministeriales.
