La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la operación militar ordenada por el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, provocó un aumento de la tensión política regional y abrió un debate sobre la legalidad de la intervención.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, la acción formó parte de una operación a gran escala en el Caribe, región donde Washington había incrementado su presencia militar en los últimos meses con el despliegue de buques de guerra, aeronaves y miles de efectivos, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.
Especialistas en derecho constitucional señalan que la operación carece, hasta ahora, de una autorización explícita del Congreso de Estados Unidos, requisito establecido por la Constitución para cualquier acción militar de esta magnitud. Legisladores de ambos partidos han manifestado inquietud por el precedente que podría sentar la decisión presidencial.
Aunque Maduro enfrenta denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos y prácticas autoritarias, analistas advierten que la captura del mandatario no garantiza una transición política inmediata en Venezuela y podría generar mayor inestabilidad, impactos económicos y nuevos flujos migratorios en la región.
