Entre octubre de 2019 y marzo de 2020 se produjo en Chile un estallido social que hizo temblar al país andino y puso sobre la mesa la necesidad de articular una nueva Constitución que acabase con el continuismo plasmado en la Carta Magna heredada por la dictadura. Sin embargo, este continuismo no es exclusivamente un asunto jurídico o político, sino que también afecta de forma determinante a la estructura social, económica e ideológica del Estado chileno.
Lo cierto es que estas protestas se inician por la subida de la tarifa del sistema de transporte público de Santiago. Sin embargo, durante las movilizaciones se pusieron sobre la mesa las múltiples problemáticas estructurales que afectan al país.
En 1970, la banda chilena Inti-Illimani ‘musicalizó’ el programa de gobierno de Salvador Allende, rindiendo homenaje a su triunfo electoral. En la canción ‘Vals de la educación para todos’ se desatacaba la necesidad de la reforma universitaria para que estudien los hijos del pueblo trabajador.
Durante el estallido social se puso sobre la mesa las múltiples problemáticas estructurales que afectan al país.
El sistema educativo como ejemplo
Hoy por hoy, el sistema de educación chileno es uno de los más deficientes a nivel mundial, ya que está caracterizado por el elitismo que profundiza la ya de por sí severa desigualdad en el país.
Para comprender cómo se llegó hasta la actual situación no solo debemos abordar las transformaciones económicas del país sino también el enfoque ideológico de las políticas públicas chilenas implementado durante la dictadura, y cómo el continuismo con estas políticas —y la falta de cuestionamiento a las mismas—, consolida y refuerza un problema estructural con múltiples aristas.
Hasta el golpe de Estado de 1973, en Chile se mantuvo un sistema mixto educativo, que garantizaba la coexistencia entre un sistema público de educación y centros privados, normalmente vinculados a la Iglesia católica. Un sistema que, si bien mantiene ciertas deficiencias, facilitaba el ascenso social, garantizando el acceso a la educación a los sectores más vulnerables.
Tras la dictadura de Augusto Pinochet se impone un modelo diferente.
En 1981, se municipaliza la educación pública en Chile creando un sistema de financiación que entrega subvenciones según el número de alumnos que asisten a clases. De esta manera, entrega, sin fijar mayor requisito, subsidios también a las escuelas particulares que pueden, con fundamento legal, seleccionar a sus alumnos. A partir de 1993 pueden establecer otras formas de copago con las familias.
La mercantilización de todo el Estado social chileno se profundizó durante la dictadura como parte de un plan mayor: convertir a Chile en el laboratorio para la implementación del modelo neoliberal.
El profesorado, tras estos cambios, dejó de ser parte del funcionariado, lo que implicó una merma considerable en sus derechos como trabajadores.
Gracias a la implementación de este modelo, la primacía de la educación pública, vigente hasta 1973, desapareció; el nivel educativo general descendió; aumentó el abandono escolar en determinadas zonas más vulnerables y se agudizó la desigualdad en todo el país.
El neoliberalismo en Chile
Sin embargo, este no es un caso aislado, la mercantilización de todo el Estado social chileno se profundizó durante la dictadura como parte de un plan mayor: convertir a Chile en el laboratorio para la implementación mundial del modelo neoliberal.
El neoliberalismo teórico surge en Europa a partir de los años cuarenta del siglo XX. Su obra iniciática es ‘El camino de servidumbre’ (1944) del economista austriaco Friedrich von Hayek. Entre 1955 y 1958, durante el Gobierno de Carlos Ibañez del Campo, las teorías neoliberales llegan a Chile de la mano de una comisión de economistas estadounidenses llamada ‘Misión Klein-Saks’. Dentro de este encuentro en 1955, la Universidad Católica de Chile suscribe un acuerdo con la Agencia de Ayuda Internacional de EE.UU. para establecer un convenio de colaboración con la Universidad de Chicago, donde ya se imponía la ideología neoliberal. De este acuerdo surgen los llamados ‘Chicago Boys’, economistas, formados en EE.UU. que, durante la década de los sesenta y setenta, buscaron refundar las bases ideológicas de la derecha económica y política chilena a través de publicaciones académicas o en medios de comunicación tradicionales como el diario El Mercurio.
Aunque no sería hasta 1992 cuando se hizo público el documento llamado ‘El ladrillo’, donde se exponía el programa económico para Chile de este grupo, lo cierto es que en la actualidad se sabe que su redacción finalizó semanas antes del golpe Estado contra Allende, el 11 de septiembre de 1973. Los ‘Chicago Boys’ pasarían al gobierno durante la dictadura con la tranquilidad de poder implementar su modelo expoliador de Chile en un clima de alta represión social y política.
Aunque en 2019 no había un “canto” al programa de gobierno, como aquel de 1970, lo cierto es que muchas de las problemáticas que se pusieron sobre la mesa no eran más que un grito de desesperación de la sociedad chilena, resultado de la aplicación brutal de las políticas neoliberales durante la dictadura y en los años posteriores, que quedó en evidencia con el sistema de pensiones y de salud; la privatización del agua y el transporte público; los abusos y la corrupción. Chile “cantó” de nuevo al programa, en concreto, gritó fuerte contra el programa de los ‘Chicago Boys’.
Los ‘Chicago Boys’ pasarían al gobierno durante la dictadura con la tranquilidad de poder implementar su modelo expoliador de Chile en un clima de alta represión social y política.
Tras el fin de la dictadura, no se produjeron cambios significativos en la estructura política, social y económica chilena. Una serie de gobiernos, presentados como de distinto color político, han mantenido las bases que creó la dictadura.
Después del estallido social, llegaron unas elecciones en un clima donde la reacción chilena se volvió a activar a través de la figura de José Antonio Kast, quien funda el Partido Republicano en 2019, con una defensa abierta de los principios de extrema derecha vinculados con la dictadura de Augusto Pinochet, y a su vez, una defensa a ultranza del modelo neoliberal que desangra a Chile.
Tras el fin de la dictadura, no se produjeron cambios significativos en la estructura política, social y económica chilena.
La polarización en torno a superar la Constitución pinochetista por parte de la izquierda oficial se quedó en lo anecdótico con el triunfo del Gobierno de Gabriel Boric, una izquierda descafeinada, de clase media y asustadiza, que no ha sabido o querido entender las exigencias de base del estallido social.
Finalmente, aunque se ha iniciado un proceso constituyente, este ha quedado limitado a las opciones actualmente vigentes. Con una mayoría del Partido Republicano, trágicamente podemos decir que, sea cual sea el resultado, en este 50.º aniversario los pinochetistas volvieron a asestar un golpe contra el pueblo.
Si bien el fantasma de Pinochet sigue recorriendo los rincones profundos de Chile, el fantasma de Allende también está presente. Cincuenta años después del golpe, Chile enfrenta su hilo histórico. Solo un trabajo profundo sobre la base que está siendo cuestionada conseguirá abrir de nuevo las grandes alamedas.
