El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, afirmó que la Comisión Nacional de Búsqueda ha arrojado los primeros frutos y a la fecha cuenta con más de cuatro mil 500 coincidencias de huellas digitales de personas desaparecidas, de las cuales en 340 hay confirmación preliminar de nombre y apellido.
Al instalar el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, aseguró que es la primera vez que a nivel federal se logra esta cifra de identificaciones, pues hasta el momento se tienen más de 26 mil registros con identidad digital con nombres, fechas de nacimiento y CURP, que son siete de cada 10 personas reportadas en el Registro de Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
Estos resultados se lograron con el apoyo del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Servicios Periciales de los estados de la República, subrayó.
En el salón Revolución de la Segob y ante funcionarios, especialistas, activistas y familiares de las víctimas, Navarrete Prida reconoció que el avance en la materia ha sido lento, dado que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas fue publicada el 17 de noviembre de 2017.
“Son muchos años en los que el problema ha crecido y se ha multiplicado en México”, dijo el funcionario al reconocer que la desaparición de personas es uno de los temas más dolorosos y más complejos que tiene el país. Admitió que es un tema que lleva implícito mucho dolor, exigencia y enojo.
“No concibo el dolor más grande para un padre o una madre el de no saber dónde está un hijo, independientemente de la causa por la que haya desaparecido”, expresó.
Al resaltar que tan solo la Plataforma México cuenta con 780 millones de datos, Navarrete Prida instruyó a que antes de que concluya la presente administración, se instalen todas las Comisiones Nacionales de Búsqueda y las Fiscalías especializadas en la materia.
“Este es el camino, poner un sistema como se señala aquí, en movimiento. No solamente con las instancias que son indispensables, sino como una metodología de trabajo y la única metodología que hay, clara y certeza es qué información tienes que te pueda ser útil”, acotó.
A su vez, el primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez, sostuvo que el Estado no puede ser omiso en sus tareas de seguridad, de búsqueda de personas desaparecidas, persecución y sanción de los responsables.
Ello, al recordar que a casi un año de que se emitió la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento no son plenamente vigentes.
“Cada día de retraso abona a la deuda del estado con las víctimas”, apuntó. Actualmente, refirió, en 25 entidades federativas no se ha establecido la respectiva Comisión local de Búsqueda y en 11 falta instalar la Comisión Local de Atención a Víctimas.
“De poco sirve que se legisle sobre una materia si no se cumple con las medidas, recursos y previsiones necesarias para permitir que el contenido de las normas se concrete en los hechos, que los derechos que las leyes establecen se vuelvan realidad y no quede en meras expectativas en detrimento de las víctimas”, enfatizó.
El subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, indicó por su parte que la desaparición de personas es el desafío más grave que enfrenta el Estado mexicano en materia de derechos humanos “y así ha sido reconocido ante mecanismos internacionales para la promoción y defensa de los mismos”.
“El Estado mexicano da hoy un paso firme para cumplir con una responsabilidad irrenunciable. El problema de la desaparición forzada de personas requiere una atención integral que considere los derechos de los familiares de las víctimas y fortalezca la capacidad de reacción inmediata de las instituciones”, manifestó.
En tanto, el comisionado Nacional de Búsqueda de Personas, Roberto Cabrera Alfaro, resaltó la creación de dos grupos de trabajo conformados por autoridades federales y estatales para coordinar esfuerzos en materia de búsqueda e identificación de personas para el desarrollo del Sistema Único de Información Tecnológico e Informático instalado en mayo pasado.
Agradeció a los gobiernos de Sonora, Oaxaca y Tamaulipas para lograr el avance del Registró Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, así como en la construcción de herramientas para la búsqueda, localización e identificación de personas.
A nombre de los familiares de las víctimas, Margarita Michell Quevedo Orozco, destacó la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, pero subrayó que “se han quedado muy cortos en la implementación.
La participación que se ha tenido de las familias ha sido nula”. “Exhortamos a todos esos estados que no han instalado las comisiones Nacionales de Búsqueda y las Fiscalías Especializadas para que lo hagan inmediatamente (…) no podemos permitir que esta cifra siga aumentando: van más de 37 mil personas desaparecidas, ésta es una cifra oficial”, asentó.
Por su parte, el especialista en derechos humanos y representante del Consejo Nacional Ciudadano, Santiago Corcuera, instó al Sistema Nacional en su conjunto a que “haga un enérgico llamado a las entidades federativas para que instalen cuanto antes las Comisiones locales de búsqueda”.
Al evento acudió la subprocuradora de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), Sara Irene Herrarías, y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Álvaro Vizcaíno, entre otros.
