“Manos arriba. Si las bajan los vamos a matar (…). Solo si tienen suerte saldrán con vida de aquí”.
Así empieza el testimonio de un hombre de 20 años detenido durante el régimen de excepción en El Salvador, una medida que lleva 14 meses en vigor y que responde la llamada “guerra contra las pandillas” del presidente Nayib Bukele.
El joven, que fue liberado tras ser declarado inocente, narra los supuestos abusos a los que él y otros arrestados fueron sometidos cuando estuvieron en la cárcel de Mariona: “Mientras estaban hincados les ponían descargas eléctricas y a uno hasta le sacaron sangre. Al entrar al sector donde iban a quedar, los custodios les dieron otra golpiza”.
El caso es uno de tantos que recoge el informe sobre el primer año de régimen de excepción realizado por Cristosal, la principal organización en defensa de los derechos humanos de la sociedad civil en el país centroamericano, que fue presentado este lunes.
Se trata de una exhaustiva investigación, hecha en base a cientos de entrevistas con personas que permanecieron presas durante meses y que salieron libres tras ser declaradas inocentes, familiares de presos y expertos, y tras contrastar estos testimonios con documentos médicos forenses y actas policiales.
Y además de recoger testimonios, concluye que desde el 27 de marzo de 2022 -cuando entró en vigor la medida- decenas de reos han muerto por torturas, golpes o falta de atención sanitaria en las cárceles del país.
Abusos y muertos
En concreto, Cristosal ha documentado la muerte de 153 personas bajo custodia del Estado, todas detenidas durante el régimen de excepción.
De estos, 29 fallecieron de muerte violenta y otros 46 por “probable muerte violenta” o sospecha “de criminalidad”, se especifica en el informe, y se señala como “patrón común” la presencia de laceraciones, hematomas que evidencian golpes, heridas con objetos cortopunzantes o contundentes, o señales de estrangulamiento o ahorcamiento en los cadáveres.
Como ejemplo recoge el caso de un hombre de 52, dueño de una tienda y un molino, quien durante años había sido acosado por pandilleros y obligado a proveerles de alimentos, que fue detenido acusado de colaborar con ellos.
Según la esquela del Instituto de Medicina Legal de El Salvador, “murió por edema cerebral”, recoge el informe de Cristosal.
Mientras, las autoridades salvadoreñas declararon en reserva la información oficial al respecto y sostienen que las muertes ocurridas dentro de las prisiones se deben a causas naturales.
“Yo he escuchado a la oposición decir que en las cárceles muere gente. Y que nosotros estamos de alguna manera matando a los reos o dejándolos que mueran […] Pero en las cárceles muere gente como muere afuera porque se enferman, porque envejecen; hay unos que tienen enfermedades terminales, etcétera”, dijo el propio Bukele durante una trasmisión en vivo el 16 de octubre del año pasado.
Régimen de excepción
El régimen de excepción se impuso en El Salvador en respuesta a 76 asesinatos registrados en solo 48 horas en marzo del año pasado.
Según investigaciones de medios de comunicación como El Faro, la ola de homicidios fue producto de la ruptura de un supuesto pacto entre el gobierno y la pandilla de la MS-13.
Aunque la propia Fiscalía de EE.UU. hizo referencia a este diálogo en una reciente acusación contra líderes de la pandilla, el Ejecutivo salvadoreño siempre ha negado haber llevado a cabo ningún tipo de negociación.
Durante el último año, en el que quedaron suspendidos el derecho a la privacidad de las comunicaciones y garantías al debido proceso, como el requisito de que cualquier detenido sea presentado ante el juez en las 72 horas posteriores a su arresto, más de 68.000 personas han sido detenidas por su presunta relación con las maras.
Con una población de 6,3 millones de personas, estos arrestos masivos convirtieron El Salvador en el país con la mayor tasa de población carcelaria del mundo.
Familiares y organizaciones denuncian que muchos de los detenidos son inocentes.
En una entrevista exclusiva ofrecida en marzo a la BBC con motivo del primer año del régimen de excepción, el vicepresidente Félix Ulloa reconocía que, con una operación de esas dimensiones en marcha, es posible que se haya cometido algún error y arrestado a algunas personas sin vínculos con la Mara Salvatrucha o el Barrio 18.
Aunque subrayaba: “Más del 90% de la población está de acuerdo con el estado de excepción y quieren que se extienda, y los únicos que se quejan son los activistas que no saben qué ocurre en el país y la oposición política”.
“La suspensión permanente de garantías constitucionales bajo la figura del régimen de excepción es la única herramienta de política pública que implementa el gobierno”, denuncia por su parte Cristosal.
