Perú está ya en Estado de Emergencia tras la publicación del decreto dictado por el Gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, para controlar los actos de vandalismo y violencia cometidos en las manifestaciones de protesta que sacuden desde hace 4 días el país y que se han cobrado la vida de 8 personas.
En su primer artículo, el decreto precisa que la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Además, durante el estado de emergencia, decretado para 30 días, quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
Con respecto a la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el decreto precisa, en su artículo cuarto, que se efectúa conforme a la normativa vigente que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía y de los decretos que establecen las reglas de empleo y uso de la fuerza de los militares.
En sus considerandos, el decreto supremo señaló que el presidente de la República puede decretar el estado de emergencia en caso de «perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación».
Aunque el ministro de Defensa, Alberto Otárola, dijo que el Ejecutivo evaluaba la posibilidad de dictar un toque de queda, orden de inamovilidad, ésta medida no ha sido incluida en la norma publicada.
El decreto también establece un plazo de cinco días, posteriores al término del estado de emergencia, para que la Policía Nacional presente un informe de las acciones realizadas durante el régimen de excepción y los resultados obtenidos.
Acciones contundentes del Ejecutivo
El titular de Defensa, Alberto Otárola, ha explicado que la declaración del estado de emergencia responde a «los hechos vandálicos y violentos, toma de carreteras y caminos que ya son actos que se están estabilizando y que están siendo controlados por la Policía Nacional y por Fuerzas Armadas».
En una breve comunicación ofrecida mientras se desarrollaba el Consejo de Ministros, Otárola se mostró convencido de que «se requiere una respuesta contundente y la autoridad de parte del Gobierno».
Por su parte, la presidenta Boluarte aseguraba que las protestas, que estallaron el último fin de semana, «ya están saliendo del marco legal, tomando comisarías, carreteras, aeropuertos».
«En otras oportunidades, en las protestas, siempre la Policía ha acompañado (a los manifestantes), pero ahora está siendo agredida, más de 200 policías agredidos», señalaba Boluarte.
Por tal motivo, la jefa de Estado hacía nuevamente un llamado a la calma, al asegurar que el Ejecutivo quiere generar un diálogo con la población porque conoce que «las necesidades de nuestra querida patria» actualmente «están sin atenderse».
Adelantar elecciones a diciembre de 2023
La presidenta de Perú también ha planteado que las elecciones generales se celebren en diciembre de 2023, cuatro meses antes de la propuesta inicial que hizo en medio de la grave crisis política y social que afecta a su país.
Boluarte remarcó que «legalmente los tiempos calzarían» para su propuesta inicial de que los comicios sean en abril de 2024, pero que en una reunión que sostuvo durante la noche del martes con el Consejo de Estado se hicieron «reajustes» que indican que los comicios podrían ser en diciembre próximo.
«Haciendo reajustes esto se puede adelantar a diciembre de 2023, antes de esa fecha técnicamente, legalmente, no calzaría; en consecuencia, los peruanos de bien, las hermanas y hermanos, tenemos que mantenernos y caminar dentro del margen legal, dentro de la Constitución», enfatizó la presidenta.
Agregó que, como jefa de Estado, tiene «que ser responsable y decir que estos tiempos no dependen» de ella, «sino del Congreso y del ente electoral, que va a llevar a cabo el adelanto de elecciones».
48 horas más de prisión para Castillo
Por otra parte, el juez supremo peruano Juan Carlos Checkley ordenó que el expresidente Pedro Castillo se mantenga durante 48 horas más en detención preliminar, mientras se realiza una audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva durante 18 meses que presentó la Fiscalía contra el exgobernante, que se postergó para la mañana del jueves a pedido de las partes implicadas en el caso.
«Considero razonable y necesario concederles un plazo para que puedan tener todos los elementos» del pedido fiscal, señaló Checkley al inicio de la audiencia de este miércoles, a la que no se presentaron Castillo ni sus abogados defensores.
Tras indicar que el pedido fiscal llegó a su despacho «a la medianoche», señaló que iba a reprogramar la audiencia para las 08.30 hora local (13.30 GMT) del jueves.
Ante la insistencia del representante de la Fiscalía para que se pronuncie sobre la situación de Castillo, ya que este miércoles se cumplen los 7 días de arresto preliminar que se dictó en su contra, Checkley prorrogó esta detención durante 48 horas más.
Detalló que «de conformidad» con lo establecido en el Código Procesal Penal para estos casos, si el fiscal requiere prisión preventiva «la detención se mantiene hasta la realización de la audiencia en el plazo de 48 horas»
Castillo pide a la CIDH que interceda por sus derechos
El expresidente peruano reclama a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que interceda por él, pues considera que las autoridades de su país han vuelto a «coactar» (sic) su libertad.
«¡Basta ya! Sigue el atropello, la humillación y el maltrato. Hoy vuelven a coactar mi libertad con 18 meses de prisión preventiva. Pido a la CIDH que interceda por mis derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que claman justicia», escribió Castillo en una carta firmada por él y publicada en su cuenta de Twitter.
En el breve mensaje manuscrito, que además fue transcrito en un mensaje de Twitter, también hizo «responsables a los jueces y fiscales de lo que pase en el país» y envió «millones de gracias» a los peruanos «por su cariño y apoyo».
La Fiscalía de Perú pidió en la madrugada del miércoles 18 meses de prisión preventiva para Castillo, informó a EFE una fuente vinculada a la investigación que se sigue al exmandatario por la presunta comisión del delito de rebelión, a raíz del fallido golpe de Estado que motivó su destitución.
