El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseveró que con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la creación de la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico y Justicia a las Violaciones graves a los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965-1990, no sólo servirá con conocer la verdad, sino que se iniciarán ante las autoridades ministeriales y judiciales todas las acciones que sean necesarias para que haya justicia en los casos suscitados durante dicho periodo.
Encinas Rodríguez detalló que la comisión tiene como objetivo realizar las acciones que sean necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria, dentro de la competencia de la Administración Pública Federal.
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Por lo que esta comisión, dijo, cuenta con cinco mecanismos en acuerdo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de la llamada Guerra Sucia, entre los que se encuentran: el mecanismo para la verdad y el esclarecimiento histórico en el que se integran personas expertas independientes para realizar las indagatorias, acopio de información, acceso a los archivos de todas las dependencias, acceso a las instalaciones federales militares o civiles en búsqueda de la verdad.
Además de un comité para el impulso de la justicia encabezado por tres personas expertas independientes, entre ellas, Ángela María Buitrago Ruíz, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Así como el plan especial de búsqueda, encabezado por la Comisión Nacional de Búsqueda y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; el plan especial de reparación y compensación, donde de manera integral se atenderá la reparación por el daño cometido a las víctimas, y acciones para la memoria y garantía de no repetición, a fin de dignificar la memoria de las víctimas.
Asimismo, la Comisión, que estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2024, será encabezada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, quien es presidida por Alejandro Encinas Rodríguez. Además del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; del Archivo General de la Nación; de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
El decreto también señala que las personas integrantes de la Comisión ejercerán sus cargos a título honorífico, por lo que no recibirán compensación alguna por su participación.
En tanto, la Comisión deberá presentar al presidente de la República, a las víctimas, sus familiares, a las personas sobrevivientes, un informe final de esclarecimiento histórico de los hechos, procesos, instituciones y responsables que hicieron posible la comisión de graves, sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado mexicano.
Aunado a que se entregará a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o las que resulten competentes, el informe final para sus efectos conducentes.
